Columnistas

Centralismo mental
Autor: Sergio Prada
26 de Septiembre de 2013


En 2013 se cumplen 25 años de la primera elección popular de alcaldes del país. Antes, los alcaldes eran designados por el gobernador del departamento, quien a su vez era escogido por el Presidente de la República.

En 2013 se cumplen 25 años de la primera elección popular de alcaldes del país.  Antes, los alcaldes eran designados por el gobernador del departamento, quien a su vez era escogido por el Presidente de la República. Con la Constitución de 1991 se permitió la elección de gobernadores por voto popular. Luego, mediante el Acto Legislativo 02 de 2002 los alcaldes pasaron a tener periodos de 4 años. 


Dos supuestos subyacían este movimiento de descentralización. El primero suponía que solo otorgando esta posibilidad de autodeterminación se generaría la capacidad institucional necesaria para proveer los servicios y bienes propios de la administración publica a nivel local. El segundo es que nadie mejor que los locales sabe lo que necesitan los locales. Los supuestos no se cumplieron. La provisión de servicios y bienes públicos sigue siendo muy baja, incluso en las ciudades grandes del país. 


El desarrollo de la capacidad institucional no se dio. La rendición de cuentas vía el voto ciudadano se quedo en un ideal romántico, y en cambio la captura del estado por elites, corruptas o no corruptas, violentas o no violentas, ilegales o no ilegales, es la realidad de la mayoría de los municipios del país. 


Si algo demostraron los paros es que aunque exista elección popular, los colombianos, al menos los que marchan y bloquean vías, nunca se descentralizaron mentalmente. Los manifestantes siempre buscan respuesta en el gobierno nacional, no aceptan discutir con alcaldes o con gobernadores, solo con ministros y presidente. 


Esta combinación de centralismo mental, y descentralización política, abrió además una trampa de gobernanza de la que no hemos podido salir. La problemática de algunos sectores como seguridad, transporte y salud desconoce la división político administrativa. En sectores como estos, la implementación de la política publica moderna necesita grados muy altos de coordinación entre niveles jerárquicos, para evitar duplicidades y vacíos. Necesita además altos grados de estandarización para evitar desbalances entre regiones en la calidad de los servicios prestados. No es un secreto que allí donde hay diferencias políticas entre alcaldes y gobernadores y entre alcaldes y alcaldes, estas se constituyen en el primer obstáculo para resolver problemas apremiantes para la comunidad.   


Afortunadamente, en el mundo académico ya se está discutiendo el tema. Por ejemplo, la Fundación Fescol e Idea Internacional proponen “una institucionalidad estatal ad-hoc” para municipios con problemas de violencia. Repensar la distribución de roles y por ende de recursos entre las entidades territoriales y el gobierno nacional es una tarea pendiente. Desmunicipalizar sectores como salud y transporte, y fortalecer instancias de coordinación regionales es la vía correcta.