Columnistas

Judicatura: poder y deber
Autor: Alvaro T. López
17 de Septiembre de 2013


¡Cuánta ignominia en nombre de la democracia! Hay que decirlo: cualquier desvío de las funciones de los poderes públicos, es corrupción, pues peca tanto el que se apropia de los bienes colectivos, como el que le tuerce el cuello a una norma

¡Cuánta ignominia en nombre de la democracia! Hay que decirlo: cualquier desvío de las funciones de los poderes públicos, es corrupción, pues peca tanto el que se apropia de los bienes colectivos, como el que le tuerce el cuello a una norma para ver cumplidos viejos anhelos subversivos. Mucho daño se le hace al país tratando de escarmentar a un personaje, a costa de la norma, de su esencia normalizadora de las relaciones entre los ciudadanos de un país. Lamentablemente, los malos funcionarios terminan pagando por asuntos menores toda una larga vida de abusos, manipulaciones y sometimientos de quienes tienen, por sus investiduras, la sublime labor de la aplicación de ese estatuto ético ciudadano que es el Ordenamiento.   


La Justicia es fundamento de la vida ciudadana en un Estado que se dice de derecho. No es suficiente con la competencia teórica, pues el juez debe contar con la sapiencia de quien entiende el país y es capaz de situarse por encima de cualquier sentimiento aleve, para aplicar Justicia como debe ser, debiéndose solo a la norma. Nuestros operadores jurídicos deben ser verdaderos y respetables intelectuales y como tales, se deben solo a la verdad comprobada, a la imparcialidad que implica situarse por encima de personalismos y odios represados, generando la confianza que necesitamos los ciudadanos para construir una sociedad pacífica y progresista. Cualquier interpretación intencionalmente injusta, aviva el conflicto.


La administración de Justicia por medio del proceso judicial, conlleva de manera irrevocable el concepto de equidad tanto en lo que hace al reconocimiento de derechos, como en la imposición de sanciones. En lo penal las responsabilidades son personales y deben derivarse de situaciones definidas y adjudicables. No puede un juez condenar con el deseo, ni acudir a elaboraciones retóricas para sembrar sospechas sobre personas ajenas a lo que se está juzgando. Si bien es aceptable la teoría de la Corte sobre la necesidad de una justicia dinámica, no podemos desbocar la imaginación de nuestros operadores judiciales, volviéndola fuente de obligaciones, dando pie a dictar sentencias con base en meras conjeturas, sin la rigurosidad que exige la valoración probatoria. .


Los colombianos estamos cansándonos de los precarios señalamientos que se hacen al expresidente Uribe, solo por acabarlo. Si es tan evidente su participación en anomalías jurídicas y barbaries, nuestros jueces tienen la obligación de dar traslado a los competentes, para que lo juzguen. Tener amigos de mala conducta, no lo vuelve a uno culpable de nada, sobre todo en una sociedad en la que es muy fácil interactuar con mafiosos, paracos o guerrilleros. En materia penal, hay que probar para imputar. Ofende que la tendencia al chisme irresponsable se haya apoderado de nuestro sistema judicial, que la obnubilación producida por viejos odios y la intolerancia de las falsas izquierdas, no deje brillar una Justicia que debe estar por encima de toda sospecha.