Editorial

La ley para crecer juntos
13 de Septiembre de 2013


La Ley 1260 y el Decreto 1965 vuelven a dar relieve a los principios de la Ley General de Educaci髇, seg鷑 los cuales el fin primordial de la escuela es desarrollar las competencias ciudadanas de los alumnos.

El acto formal de publicación del Decreto 1965, reglamentario de la Ley 1620 de marzo de 2013, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y la ministra María Fernanda Campo, indica la importancia que el Gobierno Nacional le da a la norma que crea mecanismos de promoción del respeto a los derechos y la convivencia en el ámbito escolar. 


El matoneo escolar es el acoso sistemático contra una persona en situación de vulnerabilidad, que no tiene cómo defenderse. Definido en la ley como acoso escolar puede, o no, conllevar violencia física. Según las últimas pruebas Saber, el 29,1 % de los alumnos de grado quinto y el 14,1 % de los de grado noveno manifestaron haber sido víctimas de estas prácticas; el 21,9 % de los estudiantes de quinto y el 19,6 % de los de noveno, reconocieron haber sido los agresores, que son tan víctimas como los agredidos y así deben entenderlo quienes busquen soluciones a estos hechos. Las respuestas a esas pruebas indican que el 49,9 % de los alumnos de quinto y el 56,6 % de los estudiantes de noveno han observado actos de acoso escolar, situación que los afecta y puede conducir a que se conviertan en víctimas o agresores por omisión. Según un estudio de la Defensoría del Pueblo realizado en 2013, el 13 % de la deserción escolar del país tuvo origen en esta clase de acoso.


Con 16 años, la pakistaní Malala Yousufzai es la más joven candidata al Premio Sajarov, que el Parlamento Europeo entrega a los más importantes defensores de los Derechos Humanos en el mundo. Tras su victimización, en 2012, por talibanes que pretenden impedir que las niñas musulmanas acudan a la escuela, la joven, que hoy vive en Gran Bretaña, ha confirmado su campaña por el derecho universal a la educación, indicando que “nada en el mundo es más importante para mí que el derecho de los niños a recibir educación”. El reconocimiento a esta joven activista valida el concepto de la Ley 1260 y el Decreto 1965, que vuelven a dar relieve a los principios de la Ley General de Educación, según los cuales el fin primordial de la escuela es desarrollar las competencias ciudadanas de los alumnos. 


Aunque no en todo caso de matoneo hay agresión física ni todo caso de violencia física equivale a matoneo, los ambientes que permanecen indiferentes a hechos de agresión propician la ocurrencia de esta clase de violencias. En Colombia es muy inquietante la victimización de personas menores de edad dentro y fuera de las aulas: aunque los estudios de Medicina Legal se encuentran bastante desactualizados, pues los últimos consolidados corresponden a cifras de 2011, es notorio que la violencia dentro de la escuela haya afectado en 2011 a 3.573 alumnos, 394 más de los 3.179 que la sufrieron en 2010, y que la violencia interpersonal (no intrafamiliar) hubiera impactado en 2011 a 24.315 personas menores de 18 años, 729 más que los 23.587 que la sufrieron en 2012.


Con la ley y su reglamentación, las autoridades escolares, que darán forma y vida a las líneas generales definidas por el Gobierno Nacional, reciben definiciones; guías de acción; fuentes de apoyo transversal desde los sistemas de derechos humanos y salud, y estructuras de dirección y acompañamiento, que podrán recoger como cimientos para estructurar una cultura institucional que pase de lo permisivo o lo punitivo a un modelo de gestión en el que la abolición del matoneo se convierta en un aprendizaje colectivo que no estigmatice a unos y victimice a otros, sino del que todos salgan fortalecidos como seres humanos. A los maestros e instituciones que ya venían impulsando importantes programas de convivencia basados en intervenciones pedagógicas transformadoras y el valor de la escuela como espacio que promueve la convivencia en su interior y forma ciudadanos para que la defiendan fuera de las aulas, esta Ley y reglamentación habrá de servirles como respaldo.


No obstante sus grandes virtudes, en la norma falta incluir al Ministerio de las TIC y a la Autoridad Nacional de Televisión, agentes fundamentales en el proceso de educar a los menores de edad en el respeto de los derechos, la convivencia y la ciudadanía. Contar con los responsables de las orientaciones en el uso del espectro radioeléctrico y la promoción del acceso a nuevas tecnologías, cada vez más importantes en la formación de la identidad cultural, es una necesidad que el Gobierno Nacional debería reconocer y un vacío que ojalá se anime a resolver en procura de dar mayor efectividad a la norma que está impulsando con tanto ahínco.