Editorial

La política ante Nicaragua
11 de Septiembre de 2013


El Gobierno de Daniel Ortega queda impedido en la práctica para llevar a nuestro país a un escenario internacional donde pueda ser sometido a escarnio o sanciones.

No deben ser escasas o pobres las razones por las que el presidente Santos pasó de declarar, en diciembre pasado, que estaba preparado para rechazar y usar los recursos a su alcance contra el fallo de la Corte Internacional de Justicia a favor de las pretensiones de Nicaragua sobre el mar territorial colombiano, a decidir, diez meses después, que acataba la sentencia pero se veía obligado a no aplicarla, pues la Constitución impone que los límites sean fijados en tratados internacionales debidamente tramitados.


No obstante que el presidente ha dejado un entresijo a la posibilidad de “hacer uso de los recursos que existen ante la Corte Internacional de Justicia, y de tomar otras acciones”, por ahora ha preferido renunciar a exigir la  revisión del fallo, contemplada en el Artículo 61 del Estatuto de la Corte, o a recusar a la juez china Xue Hanqin, como sugiriera la excanciller Noemí Sanín, quien alertó que ella no se declaró impedida a pesar de que China era parte interesada en el proceso. El enfoque definido por el presidente le da una importante victoria política a la canciller Holguín, defensora de la tesis de no recurrir la sentencia, y lleva el diferendo con Nicaragua al terreno político, en el que Colombia tendrá que jugarse toda su capacidad diplomática.


La opción de no acatamiento mientras se negocia un tratado, crea un diferendo de Colombia con Nicaragua y genera inestabilidad para los límites de Honduras y Costa Rica, inicialmente, en el Mar Caribe, pues esos países y Colombia los habían fijado atendiendo las circunstancias del tratado Esguerra-Bárcenas, que los magistrados internacionales desconocieron, en decisión que la canciller colombiana declaró que se destacaba “por sus inconsistencias jurídicas”. Aunque existen diferencias por el carácter del juzgador, esta situación hace recordar el conflicto del Canal de Beagle, que Argentina y Chile lograron resolver no por la vía del laudo arbitral proferido por Inglaterra en 1977 sino por la del tratado bilateral impulsado por el papa Juan Pablo II en 1984. 


No obstante que Colombia no le reconoce de inmediato soberanía sobre los 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial que La Haya le entregó, el Gobierno de Daniel Ortega queda impedido en la práctica para llevar a nuestro país a un escenario internacional donde pueda ser sometido a escarnio o sanciones por no acatar la decisión, además, sería muy mal visto que intentara acciones de fuerza para ocupar un territorio que no le pertenece, debido a que no se han suscrito los títulos que legitiman su soberanía. En consecuencia, pues, si el “presidente inconstitucional de Nicaragua”, como lo trata la prensa de ese país, quiere mostrarse vencedor en este proceso, debe intentar una negociación, que será difícil para ambas partes, o resignarse a vivir en estado de diferendo limítrofe, como el que sostienen Colombia y Venezuela desde el siglo XIX y del que de cuando en vez se valen los políticos en necesidad de recuperar popularidad interna.


El presidente Santos ha acompañado la declaración de “inaplicabilidad” con la determinación de establecer la “Zona Contigua Integral”, que crea un cordón de unidad entre islas e islotes del Archipiélago y configura un mecanismo de protección para la población y los pescadores raizales, que así parecen quedar a salvo de cualquier desmán en contra suya a cargo del presidente Ortega o sus aliados del Alba, que no parecen tener como prioridad la de salir a defender a un gobernante cuestionado dentro de su país y camorrista en el vecindario.


En el terreno político trazado por el Gobierno Nacional para dilucidar el conflicto territorial con Nicaragua, Colombia necesitará de su alianza con los países que también sufren el apetito expansionista de Ortega. Es allí donde adquiere sentido el anuncio del presidente Santos de que “junto con otros países vecinos de Nicaragua que también están siendo afectados por sus ambiciones expansionistas -como son Panamá, Costa Rica y Jamaica- suscribiremos una carta de protesta que entregaré este mismo mes, personalmente, al secretario General de Naciones Unidas en Nueva York”. Esa unidad puede no ser suficiente para disuadir al pedante Ortega, pero por lo menos va a crear una barrera de contención política en procura de recuperar el lugar del derecho sobre las vías de hecho que Ortega quiere imponer en la región Caribe y Centroamérica.