Editorial

La universidad secuestrada
8 de Septiembre de 2013


El país ha tolerado que el pequeño grupo de bachilleres que logra acceder a la universidad pública y sus maestros usen su derecho -¿privilegio?- no para aprovecharlo como oportunidad de una pequeña élite sino como ocasión para abusar.

La sociedad colombiana ha logrado consolidar un fuerte y respetable pacto social por la educación pública, que está expresado en el Artículo 67 de la Constitución, según el cual “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”. Este gran acuerdo incluye a la educación superior, protegida en el Artículo 71, que declara, entre otras, que “el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. Siendo norma constitucional, los ciudadanos colombianos, y muy especialmente los funcionarios públicos, estamos y están obligados a velar por el cumplimiento de ese gran acuerdo social.


Ayer, 67.000 bachilleres colombianos fueron sometidos a aplazar (¿o resignar?) su sueño de entrar a ser parte de la universidad más importante del país, la Universidad Nacional de Colombia. El oportunista paro de un sindicato que representa a una parte de los tres mil trabajadores administrativos de la universidad en todo el país obligó al Consejo Superior a aplazar, en decisión sin antecedentes, el examen de admisión para los aspirantes del primer semestre de 2014, que no se podrá convocar cumpliendo el calendario académico, pues las actividades del semestre que corre se encuentran suspendidas en prevención al vandalismo que desatan los revoltosos instalados en las aulas. Esta medida afecta a 30.000 estudiantes regulares de la universidad, que ven aplazados sus sueños de graduarse y continuar con su formación y trabajo. El cierre de aulas y laboratorios perjudica a los tres mil profesores permanentes y de cátedra que sirven a la universidad.


Los trabajadores de la Universidad Nacional iniciaron su paro el 27 de agosto para presionar al rector, a fin de que él le exija al Gobierno Nacional y al Congreso que aumenten el presupuesto de la Universidad para que les aumenten el salario en 30 %. Lo que dejan de anunciar es que el ingreso menor en la Universidad Nacional está en dos salarios mínimos, según resolución del pasado 30 de mayo. Cuando una organización sindical presenta una aspiración exorbitante por su valor intrínseco y por la capacidad presupuestal del empleador, claramente está cerrando caminos a un acuerdo e intentando crear situaciones de crisis que tengan consecuencias políticas, ¿querrán ahogar políticamente al rector, doctor Ignacio Mantilla, acaso, o algo más que mantienen hábilmente oculto, por ahora?


La Universidad de Antioquia también es rehén de un grupo de presión que dice representar intereses de vecinos a la hidroeléctrica Ituango, condición no demostrada por autoridades legítimas y competentes, solo avalada por sus aliados, ¡así parezca increíble que existan!, dentro del Alma Máter. Además de ocupar en forma ilegítima el Coliseo donde los estudiantes realizan sus obligatorias prácticas de educación física, los voceros del grupo de interés Ríos Vivos, cuyos oscuros lazos mundiales expusimos esta semana, alientan protestas, participan en mítines y no son ajenos a hechos como la violenta agresión a las instalaciones de Ruta N. La presencia de estos activistas anti-centrales hidroeléctricas es auspiciada por universitarios que a sabiendas o no, protegen a quienes hasta han llegado a usar como escudos humanos a 42 niños, mismos que se convirtieron en 70 tras sentencia judicial que le impuso al sistema de bienestar su protección en el lugar de la protesta.


Hasta ahora todos piden protección para los invasores, nadie, como debiera suceder, se atreve a demandar de la bien financiada Ríos Vivos Colombia el respeto por los predios universitarios que se le exige a la institucionalidad en virtud del tabú que rechaza su ingreso a los campus.


No obstante la Constitución, las leyes y las declaraciones a favor del fortalecimiento de la universidad pública, el país ha tolerado que el pequeño grupo de bachilleres que logra acceder a la universidad pública y sus maestros usen su derecho -¿privilegio?- no para aprovecharlo como oportunidad de una pequeña élite sino como ocasión para abusar de las instituciones, los bienes y los servicios públicos que el país les ofrece no para que los ocupen, abusen y destruyan, con acciones delincuenciales que rayan con el terrorismo, sino para que los usufructúen debidamente y los cuiden para los nuevos colombianos que sueñan mejorar sus vidas yendo a la universidad pública.