Columnistas

La Corte se “patrasió”
Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
8 de Septiembre de 2013


La Corte Constitucional pareciera modular sus fallos según las reacciones de la opinión pública colombiana y de los organismos internacionales de Derechos Humanos, DD.HH, y del Derecho Internacional Humanitario, DIH.

La Corte Constitucional pareciera modular sus fallos según las reacciones de la opinión pública colombiana y de los organismos internacionales de Derechos Humanos, DD.HH, y del Derecho Internacional Humanitario, DIH.


Y el cambio de opinión en el camino se ve favorecido porque la Corte no presenta sus fallos como debe ser, sino mediante comunicados, lo que crea un limbo jurídico que impide la toma de decisiones y la comprensión adecuada de los temas por parte de los ciudadanos.


Del resumen presentado en el boletín de esa corporación la semana pasada, se podía deducir que todos los miembros de las Farc gozarían de impunidad, incluyendo los perpetradores de crímenes de guerra y de lesa humanidad, ya fuera porque no eran “máximos responsables”, y, en consecuencia, se podía renunciar a su persecución judicial; ya porque siéndolo, y debiendo ser juzgados y condenados, podían gozar del beneficio de la suspensión condicionada de la pena de prisión, siempre y cuando la guerrilla entregara las armas, reparara a las víctimas, contribuyera a la verdad y a la no repetición. Todo esto, decía la Corte, debería quedar recogido en la ley estatutaria que reglamentaría la de justicia y paz, con el adicional de que debería respetar los tratados sobre DD.HH y DIH que hubiese firmado el país. 


Lo anterior era el centro del famoso boletín, aunque luego decía que había que investigar todos estos estos crímenes, los cuales, además, priorizaba. En fin, era un fallo que permitía la impunidad aunque  era lo suficientemente sinuoso como para ordenar la investigación de todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad, en el entendido que investigar no implica castigar al criminal.


El gobierno de Santos cantó victoria y dijo que los colombianos deberíamos decidir hasta dónde íbamos a permitir la intervención de los organismos internacionales -como la Corte Penal Internacional, que instó al gobierno, al congreso, pero también a la Corte Constitucional- a que respetaran las normas del Estatuto de Roma, que ordena el castigo de prisión; y una larga jurisprudencia de organismos como la de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y ONGs nacionales e internacionales, que se habían pronunciado en el mismo sentido. Contra la opinión de esos organismos, el gobierno de Santos radicó esta semana un proyecto de ley que básicamente los ignora, amparado en el sibilino boletín de la Corte.


Entonces, ocurrió una salida típica de la Corte. Como no se conoce la Sentencia, y ante la avalancha de críticas nacionales e internacionales, el máximo juez constitucional “incluyó una orden que apenas se conoció en las últimas horas y que señala lo siguiente: “El mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”. (www.eltiempo.com, 09,09.2013).


Según esto, aunque la investigación judicial condene sólo a los “máximos responsables” de los delitos de guerra y de lesa humanidad, ya el Secretariado no escapará de ser indagado, juzgado,  condenado a pena de prisión. Como dije en la anterior columna, “los máximos responsables” es una expresión ambigua: ¿se entiende por máximos responsables a los que ordenaron estos crímenes, o también los que los ejecutaron por instrucción de los que  los dispusieron. Allí caben todos los jefes de frentes y muchos de sus subalternos?


La ley internacional es clara: hay que castigar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Eso es lo que esperaría la CPI y la Oficina de la Alta Comisionada. El argumento de que son muchos, que maneja la  Corte, no es válido, porque se puede investigar y luego condenar con una relativa rebaja de penas a “los máximos resposables”, ligando esto a la obligación, de cada uno de ellos, de señalar a sus cómplices, como se ha hecho en la Ley de Justicia y Paz.


Pero aun en los términos de la Corte al día de hoy (porque puede aparecer otra orden que contradiga la que estamos comentando) se trata de un fuerte revés para el gobierno de Santos. Si tal como estaba en el texto de la Ley Marco era inadmisible  para las Farc, que buscan inimputabilidad, ahora sí que la rechazará con mayor contundencia, porque implica ir a la cárcel.


 Santos lo sabe y ya debe, junto con sus amigos de La Habana (y Caracas), estar tramando atajos para pasar por encima  del control de la Corte, como lo están haciendo para ligar el famosos “referendo” a una de las dos elecciones del año entrante, con la obligación, por parte de los jurados, de entregarle las preguntas de éste a los electores, con el objeto de manipularlos. Pero el país está en guardia, luego del desastre que ha sido este gobierno en caída libre, como se constata en la última encuesta y esos trucos no pasarán.