Columnistas

Torcer la Constituci髇 para otorgar impunidad
Autor: Alfonso Monsalve Sol髍zano
1 de Septiembre de 2013


El un resumen del fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley del Marco Jur韉ico se conoce, como es su costumbre, por un bolet韓 de prensa de prensa (www.corteconstitucional.gov.co).

El un resumen del fallo de la Corte Constitucional  sobre la Ley del Marco Jurídico se conoce, como es su costumbre, por un boletín de prensa de  prensa (www.corteconstitucional.gov.co). En esa carta la Corte establece, como compromiso fundamental  del Estado,  garantizar los derechos de los ciudadanos y las víctimas, previniendo que se vulneren; tutelándolos efectivamente; garantizando la reparación y la verdad  e investigando y juzgando  y sancionando las graves violaciones a los DD.HH y al Derecho Internacional Humanitario, DIH.


Ahora bien, la Corte modula la relación entre justicia y paz, decantándose por la prioridad de ésta, avalando la aplicación de principios de justicia transicional que respeten los derechos de las víctimas a la verdad a la justicia y a la reparación, como aceptamos todos los colombianos. Pero considera que la Ley Marco protege eficientemente los derechos de éstas, al acudir a un sistema que permite “agrupar las graves violaciones de derechos en “macroprocesos”, e imputarlas a sus máximos responsables”  (ibid); así, avala la selección y priorización de delitos y criminales, centrándose en los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y en los “máximos responsables”, aceptando que ello es compatible con del DIH, pues se investigará a aquellos que cumplieron un rol esencial, desarticulando así estructuras criminales.


¿Cómo define la Corte el concepto de “máximos responsables”. ¿Son aquellos que concibieron la utilización masiva de crímenes de lesa humanidad y de guerra como columna vertebral de su política, es decir, la cúpula de las Farc y el Eln, o quienes  ejecutaron las órdenes del secretariado durante muchos años, o ambas categorías? La decisión de la Corte, en el contexto en que se expide, apunta a los primeros, sacando del foco a miles de victimarios en los mandos medios y en los guerrilleros que ejecutaron esos crímenes  con especial crueldad, lo cual es un golpe al derecho de las víctimas a la justicia. 


¿Lo dicho hasta aquí indicaría que habría alguna justicia?: La Corte comparte el concepto de “la renuncia condicionada a la persecución penal” del Marco Jurídico para la Paz, diciendo que esa ley se autorregula porque la renuncia condicionada de la persecución penal no aplica a los responsables de genocidios, crímenes de lesa humanidad y de guerra “cometidos de manera sistemática” (aclaración sospechosa si se tiene en cuenta que los crímenes de guerra y de lesa humanidad son, por definición, acciones sistemáticas según el Estatuto de Roma. ¿Qué implicará esa frase?).


Pero, hay un truco. La Corte sí avala la impunidad, pues aunque sostiene que en la Ley no se renuncia a la persecución condicionada, ocurre que, una vez sentenciado, el criminal podrá acceder a  “los mecanismos de suspensión condicional de ejecución de la pena, sanciones extrajudiciales, penas alternativas y las modalidades especiales de cumplimiento”, “que no implican por sí solos una sustitución de los pilares esenciales de la Carta, siempre que se encuentren orientados a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. Es decir, que a los criminales de guerra y de lesa humanidad elegidos para ser juzgados, se les condena, pero luego se les puede suspender la pena y quedar en libertad. 


A continuación la Corte fija los parámetros que deberá cumplir el congreso en la expedición de la nueva ley estatutaria que desarrolle la que se declaró exequible: “la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de menores”. Parece un avance que se exija la dejación de las armas, pero en realidad lo que debería buscarse en un proceso como estos, es la entrega de las mismas al Estado. Dejar simplemente las armas permite guardarlas y esconderlas para usarlas cuando la guerrilla lo considere necesario, lo que viola la condición de la justicia transicional del principio de no repetición. 


Exige también la Corte de que se investigue todo delito de guerra o de lesa humanidad, e imputarlo a los responsables. Pero los responsables podrán gozar de la mencionada suspensión condicionada de la pena. Mecanismos como la comisión extrajudicial de la verdad, que se sugieren, sólo son una medida que debería ser complementaria.


En este escenario, también es un canto a la bandera la afirmación de la Corte de que en la nueva ley estatutaria deben respetarse los tratados internacionales de DD.HH y DIH, como parte del bloque de inconstitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico, pues desde ya su sentencia pasó por alto la recomendación de la fiscal de la Corte Penal Internacional, de la ONU y de ONG nacionales  e internacionales. 


Finalmente, al priorizar los delitos a investigar (ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual contra la mujer en el conflicto armado, desplazamiento forzado y reclutamiento ilegal de menores, cuando sean calificados como delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática), la Corte deja por fuera crímenes como el secuestro , el saqueo y destrucción de poblados y la utilización de armas no convencionales, que son de los que más cometen las Farc. 


Todo muy sofisticado, pero las Farc quieren inimputabilidad, es decir, no someterse a juicio alguno. ¿Admitirán este fallo a pesar de que les garantiza la impunidad? Está por verse.


El fallo respecto a la participación política de las Farc se analizará en un próximo artículo.