Editorial

La vigilia de las v韈timas contin鷄
30 de Agosto de 2013


A cambio del sacrificio que esa norma pretende imponer a las v韈timas, el Ejecutivo y el juzgador les anuncian algunas acciones de consuelo.

Al aprobar el “Marco Jurídico para la Paz”, la Corte Constitucional dejó importantes espacios abiertos para que en el marco de las negociaciones vigentes se desconozcan los derechos de las víctimas, aspiración enunciada por el presidente Santos en carta “independentista” en la que llevó ante la Corte Penal Internacional el dilema en que se enfrascó el Gobierno en el marco de las negociaciones que adelanta, y que el mandatario resumió indicando que “si uno traza la línea demasiado hacia la justicia, puede de pronto no alcanzar la paz; y dónde están los derechos de las futuras víctimas. Si traza uno la línea demasiado hacia la paz, dónde están los derechos de las víctimas”. A cambio del sacrificio que esa norma pretende imponer a las víctimas, el Ejecutivo y el juzgador les anuncian algunas acciones de consuelo.


Si al comienzo de la semana el presidente fue el promotor del falso dilema entre justicia y paz, ayer tomó un tono compasivo, para declarar que “el logro de la paz estable y duradera implica el reconocimiento de las víctimas y la satisfacción de sus derechos”. En ese orden, asume que “no hay un asunto más urgente para Colombia que la paz, pero esa paz tiene que llevar a una mayor satisfacción de los derechos de las víctimas. Ese es nuestro propósito común y el de todos los colombianos”. Quisiéramos creer que está naciendo su conciencia frente a las víctimas de las Farc y el Eln y menguando su solicitud de sacrificio para ellas, pero es difícil hacerlo cuando somos testigos del esfuerzo por deslegitimar los derechos de las víctimas, buscando liberar a la guerrilla de sus obligaciones con la justicia transicional, que son la verdad, la justicia y la reparación. 


Poco antes de que se conociera la decisión del tribunal constitucional, el presidente Santos anunció el inicio de negociaciones con el Eln, fruto de la liberación del geólogo canadiense Gernot Erich Wober. No dijo algo sobre el estado del secuestro y de la responsabilidad de las guerrillas en su comisión; no anunció que esté luchando por la libertad de ciudadanos como el ingeniero forestal León Andrés Montes, que cumplen más de un año sin libertad. Para quienes han acudido a todos los medios legales a su alcance para buscar la libertad de su  familiar secuestrado, ser ignoradas, y casi ocultadas, por el Gobierno instaurado para protegerlas,  es difícil adherir a un proceso de negociación que no les ofrece lo que les es propio por ser ciudadanos.


La graciosa liberalidad que hoy se les ofrece a los guerrilleros del Eln se parece mucho a la que han conquistado las Farc con solo reconocer lo que reluce ante el mundo, y es que son responsables de crímenes contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario cometidos durante los casi sesenta años de lucha violenta contra el pueblo colombiano. Aquello de lo que nos está faltando tomar conciencia es que a cambio de esa supuesta concesión, exigen que se les conceda la condición de víctimas, y se les trate como tales, y que el país revise sus conceptos sobre el conflicto, para, en consecuencia, buscar que se generalice la idea de algunos analistas, de que ellas no son las responsables de la guerra que le declararon al país, siguiendo la orientación del Partido Comunista Internacional y de su guardián en América, el dictador Fidel Castro.  


La Corte Constitucional, el Gobierno Nacional y los intelectuales del régimen están dejando a los colombianos y muy especialmente a las víctimas, inermes ante una guerrilla que aspira a ser tratada como fuerza en igualdad de condiciones militares y políticas al Ejército Nacional, descuidando que son una milicia debilitada política y militarmente por la institucionalidad, y un Gobierno que ha olvidado que el país aprobó esta negociación entendiendo que en ella se le darían a las Farc algunas concesiones jurídicas para facilitar su dejación de armas, que es lo que les corresponde. Y para ello demandan que quienes durante estas décadas fueron victimizados, cedan sus derechos constitucionales como ciudadanos del país, para que la guerrilla y los partícipes del falso dilema justicia o paz puedan terminar su negociación. Estas víctimas, cada vez más arrinconadas, han encontrado en el procurador Alejandro Ordóñez, guardián de la sociedad, a quien proteja sus derechos. A él lo invitamos a que encabece una vigilia que no ha terminado.