Editorial

El costo de vender a Isagén
27 de Agosto de 2013


No existen hechos que aseguren que el Gobierno cumplirá su promesa de invertir en un nuevo activo los recursos del que se va a liquidar

1

El ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas, informó la semana pasada que el Consejo de Ministros había aprobado dos proyectos de desarrollo de infraestructura vial y los había consagrado en dos documentos de planeación o Conpes. Una de esas iniciativas, que contempla la construcción inmediata de cuatro autopistas, tiene costo de diez billones de pesos. El otro programa es de construcción de las 47 vías del programa de “Obras de cuarta generación”, con un costo de 47 billones de pesos, los cuales se obtendrán mediante el modelo de asociación público-privado. En las menciones a este programa, pues aún no existe un documento publicado que especifique sus detalles, se afirma que se va a sacar a licitación antes de 2016. Entre otras muchas dudas, las de los detalles del documento aprobado son algunas de las que hoy deberá resolver el Congreso de la República en debates de control político citados por las comisiones primera y quinta del Senado. 


En anteriores intervenciones, el doctor Cárdenas ha indicado que el propósito de la venta de las acciones en Isagén es cofinanciar la construcción de esas vías. No han dado explicaciones suficientes sobre por qué el Gobierno quiere sacrificar un bien estratégico para la seguridad, el desarrollo industrial y la equidad, cuando por ello apenas puede aspirar a obtener menos del diez por ciento del costo estimado para esa infraestructura.  Tampoco se han explicado las razones por las cuales pretende tener liquidez inmediata -ya fue publicado el reglamento de venta- si solo ha avanzado en los procesos de licitación de nueve obras, que suponemos son las Autopistas para la Prosperidad, y apenas está trabajando en la preparación de las restantes. ¿O será que no tiene tan claro como había manifestado, el origen de los recursos para las obras que conectan al occidente del país con los puertos en el Caribe y el Pacífico?


Isagén tuvo utilidades netas en 2012 por $461.000 millones. Expertos consideran que llegarán al billón de pesos por el ingreso en operación de las centrales Amoyá e Hidrosogamoso, así como las exportaciones de energía eléctrica a Venezuela y las potenciales a realizar a Centroamérica, según el Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla-Panamá. La que se quiere vender es, como han señalado los analistas, una compañía en pleno desarrollo y confiable para instituciones de crédito que respaldan sus inversiones más importantes, rentables en sus utilidades monetarias y sus impactos en desarrollo integral y progreso de las comunidades.


El Gobierno Nacional es dueño del 57,7 % de Isagén. Por esa propiedad recibirá el próximo mes de octubre utilidades por $107.000 millones, según decisiones estatutarias. Si las utilidades no aumentaran, hecho improbable dadas las expectativas favorables para el sector eléctrico, el Gobierno necesitaría menos de 40 años para recibir, vía utilidades de la generadora, los recursos que aspira obtener en una operación en la que se ha propuesto sacrificar para las generaciones presentes y futuras un patrimonio en permanente valoración y crecimiento, dado que la demanda de energía eléctrica limpia, como la hidroeléctrica, no se estanca. El país todavía no entiende cómo es posible sacrificar la empresa cuyas utilidades permiten financiar sus propios proyectos y aportar recursos importantes para la financiación de otras iniciativas de desarrollo.


Aunque el ministro de Hacienda corrió a rectificar informaciones periodísticas según las cuales el producto de la venta de Isagén podría destinarse a la financiación del posconflicto, aún no se ha divulgado un documento oficial suscrito por el presidente de la República que comprometa a los ministros de Hacienda y Minas a destinar el producto de esa liquidación de un activo estratégico a financiar el programa de vías de nueva generación. Sin ese compromiso y conociendo de las necesidades inmediatas del Gobierno Nacional por cuenta del proceso de reelección presidencial, la posible firma de un acuerdo de cese al conflicto con las Farc, y el nombrado -aunque negado por el Gobierno- hueco fiscal de varios billones de pesos, no existen hechos que aseguren que el Gobierno cumplirá su promesa de invertir en un nuevo activo los recursos del que se va a liquidar, ¿y qué tal que además de que perdiéramos a Isagén nos encontráramos con que los recursos obtenidos por ella se dilapidaron? Por ahora, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender la venta, como medida cautelar en una acción popular interpuesta por el expresidente Uribe, nos da esperanzas para que el país imponga más seriedad a la necesaria revisión de esta decisión.




Comentarios
1
RAMON
2013/08/27 05:38:34 pm
Yo diría algo mejor; el costo de vender Colombia, porque eso es lo que estan haciendo los mal llamados dirigentes políticos, están vendiendo la patria ante la mirada impávida de los ingenuos Colombianos.