Columnistas

Los 20 años de la ley de negritudes
Autor: José E. Mosquera
27 de Agosto de 2013


Hoy 27 de agosto se cumplen 20 años de la sanción de la ley de negritudes que adoptó un régimen especial de propiedad colectiva de la tierra para las comunidades negras

Hoy 27 de agosto se cumplen 20 años de la sanción de la ley de negritudes que adoptó un régimen especial de propiedad colectiva de la tierra para las comunidades negras, un modelo de patrimonio que convirtió a los negros en guardabosques de sus dominios ancestrales. 


Una norma estructurada para comunidades rurales, pero que terminó aplicándose con mayor énfasis en las zonas urbanas y en lugar de ser un instrumento eficaz para reducir la pobreza e impulsar el desarrollo económico de los negros, se ha constituido en uno de sus peores obstáculos para su progreso.


Un tipo de propiedad que consagra un sigiloso apartheid que ha generado un impacto económico negativo en el desarrollo de las comunidades negras rurales.  Una legislación que como se concibió esta generado más atraso que desarrollo, por que en lugar de atraer inversión económica a los territorios colectivos las ahuyenta. Y además por las engorrosas tramitologia de las consultas previas se han frenado inversión pública y las construcciones de obras de infraestructura y de paso el crecimiento económico. De manera que el impacto de esta legislación en el desarrollo, en la generación de riqueza y puestos de trabajos en los territorios colectivos ha sido desastroso.


El panorama económico y social en los territorios colectivos es cada vez más crítico, porque han aumento de los índices de pobreza, desplazamiento, violencia, desempleo y de descomposición social. Lo polémico de este asunto es que mientras la mayoría de los negros se debaten entre el hambre, la pobreza y la violencia, una minoría de sus líderes que controlan los negocios de las consultas previas, los permisos mineros, madereros y de canteras, al igual que las representatividades ante los organismos estatales y los cobros por los cultivos de droga en los territorios son los gozan de los usufructos de la ley. 


Las consecuencias de esos negocios oscuros de esas minorías con el Estado, empresarios y mafiosos han sido la destrucción de los territorios y sus ecosistemas por la minería indiscriminada y la tala de bosques, que han generado masivas contaminaciones de las cuencas hídricas y acabado con las fuentes de trabajo de millares de campesinos. 


Ahora resulta increíble que en 20 años no se haya reglamentado una norma que como   está concedida está cerrando oportunidades de progreso a miles de afros.  Pero eso explica la falta de voluntad política del Estado y de liderazgo de los afros que no han sido capaces de innovar y liderar con eficacia un cambio radical en las políticas afros.


Por eso dos décadas después no se han formalizado los capítulos, cuarto que trata de los usos de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente, quinto que se refieres los asuntos mineros y séptimos referentes a la planeación y el fomento del desarrollo económico y social. Sin esas regulaciones la ley 70 sigue siendo una norma que genera más pobreza que desarrollo y un instrumento ineficaz para resolver los problemas estructurales de pobreza que afectan a millones de negros.


Los líderes negros tienen que pensar más en iniciativas privadas que en el paternalismo estatal, dado a que el Estado no ha tenido, ni tiene, ni va a tener voluntad política de ofrecer un programa de crédito y de asistencia de largo aliento para que los beneficiarios del régimen colectivo desarrollen empresas agrícolas o pecuarias o de otra índole y que permita sacar a millones de negros de la pobreza. No pueden seguir pensando en utopías y esperando una redención económica estatal que no va a llegar a la luz de los cambios que van adoptando en sus estructuras los Estados modernos.