Editorial

Ni extraterritoriales ni privatizadas
24 de Agosto de 2013


La academia ha conquistado las libertades de pensamiento, c醫edra y expresi髇 mientras se defiende de los ilegales que amenazan su independencia y limita su seguridad.

Las universidades Nacional (1867) y de Antioquia (1803) concentran las paradojas de una sociedad que se empeña en forjar instituciones fuertes pero no logra deshacerse de la ilegalidad. La academia ha conquistado las libertades de pensamiento, cátedra y expresión mientras se defiende de los ilegales que amenazan su independencia y limitan su seguridad.


Según las últimas estadísticas, la Universidad de Antioquia educa a 37.100 alumnos en 112 programas tecnológicos y profesionales que ofrece en su campus de Medellín y en las sedes de regionalización. La Universidad Nacional ofrece 64 programas de pregrado en su sede central y en cinco sedes regionales, para 48.800 estudiantes. La universidad Javeriana, la privada que más se les aproxima en programas y cobertura, recibe 19.955 alumnos de pregrado, que asisten a 38 programas. A las universidades públicas ingresan alumnos con capacidad y decisión de desarrollar su talento, teniendo opciones en todas las áreas del saber humano. 


En cuanto a calidad, la Universidad Nacional cuenta con 689 grupos de investigación registrados en el Sistema nacional que administra Colciencias y la de Antioquia tiene 248 grupos que lideran la producción de conocimiento propio. En la Universidad de los Andes, la cuarta del país según grupos de investigación acreditados –la tercera es otra universidad pública, la del Valle-, se cuentan 161 equipos.  En cuanto a programas de pregrado y posgrado acreditados por el Consejo Nacional de Acreditación, la U. Nacional tiene 88 de los 804 que tienen tal calificación y la de Antioquia la sigue con 57 programas. Por su parte, la Universidad de los Andes, según ese Consejo, tiene 25. La acreditación es una medida de alta calidad que se busca en forma voluntaria y se obtiene como resultado de los esfuerzos académicos por mantener altos estándares de desarrollo y mejoramiento, mientras que el registro calificado es una especie de “licencia de funcionamiento” que debe tener todo programa de pregrado que se ofrezca a la sociedad. 


La universalidad de estas instituciones públicas está en riesgo. No por la supuesta “privatización”, que se ve que es más una excusa de activistas en plan de movilización que un propósito de nuestro Estado, sino por la apropiación progresiva que organizaciones terroristas, criminales y de presión vienen haciendo de sus campus, en un ataque continuo que se ejecuta aprovechando la confusión por la autonomía que el Estado concede para garantizar la libertad del proceso académico con una extraterritorialidad inaceptable desde todo punto de vista, como en los años 80 del siglo XX indicaba el rector Darío Valencia Restrepo. Como consecuencia de esa tergiversación, así lo señalábamos el pasado 16 de junio en el editorial “Política y bombas”, se vienen dando las tomas, con fines de apropiación, de sectores de los campus, a manos de terroristas, delincuentes comunes y grupos de interés que pretenden ejercer una soterrada y peligrosa privatización de los bienes públicos.


Ayer, el comandante de la policía de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez, denunció que las protestas de la Universidad Nacional fueron infiltradas por las Farc, que abusan de la ausencia de fuerza pública en el claustro para ocultar explosivos y material de propaganda. En ese mismo sentido se había pronunciado, desde el pasado 20 de junio, el rector de la Universidad de Antioquia, doctor Alberto Uribe, quien en carta, aun sin respuesta, a la mesa de negociación de La Habana denunció “el inusitado despliegue de fuerza violenta, militarmente organizada, con que (el grupo de encapuchados –de las Farc-) amedrentó, amenazó, violentó y desalojó oficinas y laboratorios”. Ese rector debe también lidiar -¿lo acompañarán el gobernador, la fuerza pública y los órganos de justicia?- con la ocupación del coliseo de deportes por militantes del movimiento Ríos Vivos Colombia, un problema al que pronto habremos de referirnos en profundidad. Por convicción respetamos la autonomía universitaria, lo que significa que en circunstancias excepcionales se deben imponer medidas extraordinarias, como las que propone el general Martínez, para que la Policía y los órganos de justicia acompañen a las autoridades académicas en la recuperación del carácter público de los claustros, única forma de garantizar la libertad que en ellos debe reinar.