Editorial

¿Muestra de poder o clamor necesitado?
18 de Agosto de 2013


Ante la inminencia del paro y las marchas de apoyo que se harán desde el lunes 19, los convocantes están obligados a respetar los derechos de la ciudadanía y a impedir todo intento de violencia, que comienza con los bloqueos en vías estratégicas

La “Mesa de interlocución agraria de Colombia”, que convoca a campesinos cafeteros, papicultores, arroceros, cacaoteros, y ha conseguido apoyo de algunos partidos, incluido el Centro Democrático, gremios y sindicatos de izquierda, anuncia para mañana un “paro agrario” que se argumentaría en la pérdida de competitividad, la reducción de ingresos de los sectores y los efectos negativos del TLC en sus actividades. No es un dato menor que esta movilización se cumpla en los albores de una campaña nacional que está signada por el proceso de paz con las Farc y por los pulsos del presidente Santos con sus principales contradictores políticos.


No somos expertos en los temas que cada uno de los sectores esgrime como causa específica para su protesta, y, por tanto, nos declaramos no aptos para evaluar la razonabilidad de los reclamos que presentaron los campesinos o para reconocer si el Estado tiene hoy capacidad para atenderlos, sobre todo cuando el ministro de Hacienda ha sido insistente en señalar que no quedan recursos para dar trámite a nuevas peticiones de subsidio o apoyo. Lo que sí vemos claro, como observadores y como periódico que abraza los principios de la Noviolencia, es que en este proceso no se han surtido etapas necesarias para buscar soluciones negociadas a los conflictos, buscando evitar agravarlos llevándolos a las vías de hecho. La falta de presentación formal de peticiones, el no cumplimiento de una etapa previa de negociación y la terquedad de los convocantes para negociar con el Gobierno, crean dudas sobre las razones detrás de esta protesta ¿o demostración de fuerza?


Ante la inminencia del paro y las marchas de apoyo que se harán desde el lunes 19, los convocantes están obligados a respetar los derechos de la ciudadanía y a impedir todo intento de violencia, que comienza con los bloqueos en vías estratégicas del país. Las declaraciones de voceros de la movilización que han “denunciado” la existencia de un riesgo de infiltración por vándalos y aun por violentos, muestran, cuando menos, irresponsabilidad por parte de quienes tienen el deber y la posibilidad de garantizar que “la legítima protesta social” de la que se apersonan en esta ocasión no signifique tolerancia con la violación de los derechos de la ciudadanía o, peor aún, aceptación con que se violen los derechos de miembros de la Fuerza Pública. Quienes están detrás de los paros están obligados a no tolerar hechos como el denunciado por el gobernador Sergio Fajardo, acusando de que en estos casos haya “criminalidad e ilegalidad” tras bambalinas.


Como es su obligación, el presidente Santos ha comprometido a la Policía con la garantía de los derechos de la ciudadanía, indicando a sus nuevos mandos, que ayer tomaron posesión, que “hay que defender el derecho de los protestantes a protestar, pero también los derechos de esos millones de colombianos que se van a sentir afectados por los bloqueos y la violencia”. En esa misma dirección, ha indicado a los  gobernadores “que también tienen que estar dentro de la institucionalidad. No voy a aceptar que algunos gobernadores o alcaldes estén en la mitad, que sí, que no, que tal vez el paro...”, declaración que, no hay que olvidarlo, tiene amparo en el mandato constitucional que lo hace cabeza de la preservación del orden público en el territorio nacional. Asimismo son claras sus exigencias a las instituciones judiciales para que atiendan su mandato. “No generen violencia, porque ahí los jueces también serán implacables”, es una notificación sobre la disposición de las instituciones del Estado de garantizar los derechos universales, no solo los de posiblemente medio millón de colombianos que ahora protagoniza esta movilización.


En estas circunstancias no se pueden olvidar las denuncias que hace un mes hizo el presidente sobre las pretensiones extraeconómicas que presiden la movilización. El comunicado de un grupo de congresistas del Polo Democrático, la Marcha Patriótica y una fracción del Partido Verde ofreciendo “respaldo decidido a las diferentes jornadas pacíficas de movilización que realizarán los sectores agropecuarios y populares a partir del 19 de agosto, como respuesta a la marcada desigualdad social que se incrementa tanto en el ámbito rural como urbano”, confirma la denuncia del mandatario y muestra qué injusta fue la protesta en su contra.