Columnistas

縈utaciones en la Ley 142?
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
16 de Agosto de 2013


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Aunque al parecer la mayoría de los funcionarios administrativos no lo admitan,  el desarrollo de la doctrina constitucional como fuente principal de derecho, ha ocasionado  una serie de modificaciones en la lectura y aplicación de régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios,  que ya se vive en ciudades como Bogotá, y en parte en Medellín,  que hacen que el derecho de éstos servicios  no pueda  ser el mismo que veníamos recitando, desde hace veinte años.


Cuando en ciudades como Medellín, Bogotá y otras del país se avanza en reconocer el derecho fundamental de los más pobres a acceder al mínimo vital de  agua gratuita,  cuando en acatamiento a una decisión de la Corte Constitucional en Bogotá, por ahora, pues debe hacerse en todo el país, se reconoce y paga, al menos parcialmente,  el trabajo que adelantan los recicladores y además cuando la  Corte Constitucional obliga a dar pleno cumplimiento al debido proceso administrativo a las empresas que deben suspender el servicio a sus usuarios  y estos temas aunque deben aplicarse no están en escritos en el texto de la ley 142, es la hora de aceptar que por virtud de la doctrina constitucional la Ley  técnicamente ha mutando.


La primera mutación es la referida al derecho de la población vulnerable a acceder al mínimo vital de agua portable, saneamiento básico y energía, pues se trata de un derecho ignorado por el legislador de 1994, que sin duda debe ser reconocido por el Gobierno y las Comisiones  de Regulación al momento de reglamentar y regular el régimen de los servicios, pues no es suficiente la regulación de la Ley y no regular un derecho como el citado,  en la práctica es desconocer que los múltiples fallos que lo han protegido constituyen fuente principal del derecho.


La segunda mutación está asociada a la reforma estructural que debe hacerse a la prestación del servicio de aseo, para poder dar un trato especial a la actividad del aprovechamiento, aplicar la denominada constitución ecológica,  proteger y dignificar  la actividad que adelantan los recicladores y determinar la forma como se concretarán las acciones afirmativas a su favor, tal como se deduce del Auto 275 de 2011.


En tercer lugar el debido proceso en las actuaciones de las empresas que puedan llegar a afectar a los usuarios, pues si bien es claro que prestar servicios públicos no es el desarrollo del ejercicio de función administrativa, también lo es que todas las decisiones unilaterales de los proveedores de servicios que pueden afectar los usuarios si  constituyen actuación administrativa que debe sujetarse tanto formal como materialmente a las reglas legales del debido proceso.   Todo acto que ordene la suspensión, corte o terminación de un servicio público domiciliario  debe ser notificado  al suscriptor o  usuario del servicio  y debe otorgarse el derecho a ejercer a su favor el debido proceso.


Si la Ley, los reglamentos y la regulación no se ajustan a las orientaciones que en sus fallos hace  la Corte Constitucional, la solución  no es decir que es ilegal la actuación de autoridades y prestadores que orientan sus actividades a los pronunciamientos de la Corte, sino por el contrario, lo que se debe es  reconocer que las fuentes formales del derecho se han incremento con una nueva de sustancial importancia,  como es: la doctrina de las altas cortes,  en especial la  Corte Constitucional.


El carácter vinculante de los precedentes judicial y constitucional ha generado una variación sustancial en nuestro derecho y sólo quienes insisten en dar aplicación literal a la Ley e ignorar que la Constitución es ley de leyes, pueden concluir que adoptar acciones afirmativas a favor de los más pobres pueda ser contrario al orden jurídico.


Lo de resaltar es que independientemente de la actitud de los funcionarios administrativos, son los funcionarios judiciales los que en un Estado Constitucional de Derecho expresan la última palabra.