Editorial

Inacci髇 y soberan韆 nacional
16 de Agosto de 2013


La ciudadan韆 sigue esperando las acciones de un gobierno que, como lo ha hecho en el proceso de paz, se ampara en los silencios, las demoras y la indecisi髇 para no resolver problemas que comprometen la integridad del pa韘 y de sus gentes.

En su 33 aniversario, celebrado el pasado martes, día en que al país llegaron tres barcos rusos de guerra, la Fuerza Naval de Nicaragua fue notificada por el presidente Daniel Ortega de su determinación de asignar “bloques para la exploración en la búsqueda de petróleo y gas en los territorios que la Corte definió que le pertenecen a Nicaragua”. En el mismo evento, el gobernante notificó de su intención de disputarle a Costa Rica la soberanía sobre la provincia limítrofe de Guanacaste, adscrita a territorio tico desde mediados del siglo XIX, según tratado internacional vigente. El “napoleón” centroamericano alega actuar amparado en el fallo de La Haya del pasado 19 de noviembre, contra el que todavía Colombia puede interponer recursos.


El Gobierno Nacional convocó el jueves a la Comisión de Relaciones Exteriores, Care, para presentarle los siete análisis que ha recibido de igual número de asesores consultados, y notificarle, como lo hizo la canciller, que “una cosa fue estas concesiones que el Gobierno de Nicaragua ha otorgado, en el lado nicaragüense, y otras muy distintas esas que ofertó hace unas semanas”. Quisiéramos pensar que la doctora María Ángela Holguín no fue claramente informada sobre las decisiones del señor Ortega, tememos que la jefe de Relaciones Exteriores hubiera olvidado que al occidente del Meridiano 82 hay mar territorial colombiano, y nos espanta imaginar que Colombia se rindió sin dar la batalla jurídica y diplomática que está obligada a librar en defensa de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial en los que está comprometida su soberanía nacional y la actividad económica de los habitantes del Archipiélago colombiano.


La declaración de la ministra ha quedado oculta bajo el mar de informaciones y especulaciones sobre la reunión de la Care, a la que faltaron dos expresidentes y de la que fue expulsada la excanciller Noemí Sanín, tras expresar críticas y propuestas frente a la morosidad del Gobierno del presidente Santos para recurrir la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que vulneró la soberanía nacional y afectó nuestras relaciones exteriores, en un hecho que los países afectados deberían llevar al seno de la OEA para que haga valer los principios del sistema interamericano frente a un tirano que amenaza con su apetito expansionista. 


Al término del encuentro que debió dar la largada al Gobierno para que interpusiera los recursos necesarios e iniciara la estrategia diplomática en defensa de nuestra soberanía y brindara apoyo a Honduras y Costa Rica, nuestros aliados ahora amenazados por este “napoleón” de nuevo cuño, el presidente presentó una ambigua declaración acerca de la deliberación, anunciando que tras la reunión “se confirmó una aproximación unánime a la temática basada en una muy completa información de tipo jurídico y general”, unanimidad que informaciones posteriores sobre la intimidad de la reunión han desmentido. La declaración del presidente tan generalista como sosa solo sirvió para abrir paso a filtraciones, interesadas, por supuesto, y a especulaciones de distinto tipo, algunas de ellas tan inesperadas como la que sugieren acatar el fallo y hacer el duelo por semejante porción de territorio o como las que invitan a iniciar de inmediato negociaciones con Nicaragua, ¡como si se hubieran cerrado los canales judiciales!


En junio pasado, la canciller Holguín anunció en estas páginas que el Gobierno Nacional estaría actuando con prudencia pero sin descanso en busca de definir la intervención adecuada frente a la decisión tomada en noviembre. Hoy han pasado dos meses y la ciudadanía sigue esperando las acciones de un gobierno que, como lo ha hecho en el proceso de paz, se ampara en los silencios, las demoras y la indecisión para no resolver problemas que comprometen la integridad del país y de sus gentes. Como no queremos caer en tentación de sugerir que aplaza medidas con miras a la campaña electoral que está empezando, aspiramos a que tenga un as bajo la manga que resuelva en el marco del Derecho Internacional y de las relaciones exteriores, la situación creada por un fallo injusto que nos arrebata territorio que el país ha protegido como una reserva ambiental de la humanidad que amplía el área de Seaflower  (Área de Protección Marina suscrita con la Unesco) y que anula, sin tener autoridad para hacerlo, tratados de Colombia con Costa Rica y Honduras, poniendo también en riesgo la soberanía de esas dos naciones.