Nacional

Fiscalía dispuesta a cambiar para adaptarse al postconflicto
15 de Agosto de 2013


La entidad está dispuesta a hacer posibles cambios en su estructura para adaptarse al postconflicto si el Gobierno y las Farc firmarán un acuerdo de paz.


EFE


La Fiscalía está dispuesta a acometer cambios en su estructura para adaptarse al postconflicto si el Gobierno y las Farc logran firmar un acuerdo de paz, dijo hoy Eduardo Montealegre.


El funcionario hizo esta reflexión durante la rendición de cuentas de su gestión, que se inició en marzo de 2012, y destacó la importancia de buscar mecanismos que permitan esa transición.


"Eventualmente, debemos prepararnos para un proceso de justicia transicional con cerca de diez mil insurgentes y eventuales desmovilizados de las Farc y Eln", indicó.


El Congreso colombiano aprobó en diciembre pasado el llamado Marco Jurídico para la Paz, un conjunto de herramientas para regular un proceso de desmovilización de los actores del conflicto armado, cuya idoneidad estudia la Corte Suprema de Justicia.


El fiscal destacó la importancia de crear mecanismos efectivos para el postconflicto que no caigan en los errores cometidos en anteriores procesos de desmovilización, como el de los paramilitares bajo el marco jurídico de Justicia y Paz, pues muchos desmovilizados se han reintegrado en bandas criminales, dijo.


"Como institución debemos hacer una fuerte apuesta por la paz y al creer en las salidas negociadas del conflicto, al estar en contra de las posiciones guerreristas que a veces pululan al interior de unos sectores de la sociedad colombiana, debemos preparar a la Fiscalía para ese desenlace", afirmó Montealegre.


El Gobierno y las Farc negocian desde noviembre de 2012 en La Habana el fin del conflicto armado del país, mientras que el presidente Juan Manuel Santos ha admitido que ya comenzó los contactos con el Eln para dar inicio a un proceso similar.


Como contribución al proceso de paz, el fiscal ha propuesto mecanismos que van desde la excarcelación de presos hasta penas suspendidas para los líderes guerrilleros condenados por delitos graves.