Editorial

Una democracia recortada
9 de Agosto de 2013


Los efectos perversos de la consolidación del presidente Correa y el partido hecho a su medida como controladores del poder en Ecuador se vieron en la “Ley de Comunicaciones” o “Ley Mordaza”.

Cabalgando sobre el anuncio del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, líder de la oposición en Ecuador, sobre sus intenciones de buscar la reelección, los voceros del partido oficialista, Alianza País, promueven una reforma constitucional dirigida a institucionalizar la reelección indefinida de los titulares de cargos de elección popular, encabezados por el propio presidente de la República. Aunque intentan declarar que el presidente Rafael Correa no tiene interés en reelegirse, es sabido que con la presentación de la iniciativa de reforma está garantizada su aprobación, disposición que daría paso a la candidatura a una tercera reelección del actual presidente. Tal escenario confirmaría que las diferencias entre el autoritarismo correísta y el totalitarismo chavista son apenas formales. 


 


En 2005, cuando inició su carrera hacia la Presidencia, Rafael Correa se inscribió por un partido creado por él: Alianza País, el cual no presentó candidatos para los comicios de 2006 al Congreso, convocados en forma extemporánea tras la caída de Lucio Gutiérrez. La promesa de convocatoria a una asamblea constituyente que fundara unas nuevas instituciones democráticas y abiertas a la participación de indígenas y organizaciones de izquierda, le permitió alcanzar la Presidencia en la segunda vuelta electoral, con el 56.67 % de los votos. No obstante ser presidente, su debilidad residía en su nulo poder en el Congreso y su falta de aliados políticos, algo que resolvió como ocupante del Palacio de Cardonelet, cuando dirigió un “acuerdo programático” de los partidos Socialista y Comunista, entonces minoritarios, a la que sumó a otras pequeñas facciones. Pero la consolidación de su poder llegó con la alianza con la poderosa Confederación Nacional de Autoridades Indígenas, Conaie, que anuncia seguir defendiendo sus principios indigenistas, mientras acompaña a un gobierno de izquierda totalitaria, personero de ideales que han sido ajenos a las expectativas étnicas.


 


En las elecciones de la asamblea constituyente, en 2008, Alianza País alcanzó 80 de 130 escaños, con los que hizo mayoría para configurar una Constitución de corte totalitario, con apariencia democrática, que incluyó acabar con el antiguo congreso unicameral para constituir la Asamblea Nacional, que fue elegida en 2009, para que terminara el período instalado en 2006. Para la primera elección de 137 diputados, Alianza País había perdido parte de su poder: los 59 escaños que obtuvo la obligaron a formar coaliciones con las colectividades minoritarias afines a su ideología, pero ubicadas más al centro del espectro político. El panorama cambió en las elecciones de mayo de 2013, cuando el partido del presidente obtuvo cien curules, consolidando una mayoría absoluta con la cual respaldar y votar las iniciativas de Correa, quien había sido reelegido por segunda vez en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 17 de febrero de 2013. Esa es la mayoría que puede aprobar la reforma constitucional en ciernes.


 


Los efectos perversos de la consolidación del presidente Correa y el partido hecho a su medida como controladores del poder en Ecuador se vieron en la “Ley de Comunicaciones” o “Ley Mordaza” que creó instituciones de control a las publicaciones de medios y ordenó a estos publicar y emitir contenidos a la medida de los deseos del gobernante, configurando así lo que en ese momento alertamos porque “Ecuador ha retrocedido en la historia de la democracia hasta los tiempos en que la imprenta era usada por monarcas déspotas para guiar unidireccionalmente a las sociedades”. Si a esa censura se agrega la inexistencia de partidos fuertes en la Asamblea Nacional y el manejo de los órganos de control por el Gobernante, se llega a la situación de hoy, en la que la democracia ecuatoriana se encuentra en un nivel de coacción similar al que tiene la democracia de Venezuela, toda vez que se están cumpliendo algunas formalidades, especialmente la convocatoria a elecciones, que hacen aparecer al régimen como democrático, cuando en realidad no se garantiza la libertad de la participación, y se han roto las garantías institucionales que garantizan que una democracia merezca llamarse así: la libertad de expresión, la pluralidad de partidos políticos, el control político independiente y la posibilidad de la rotación en el poder. Malos vientos soplan para América Latina.