Editorial

Crímenes de lesa humanidad
3 de Agosto de 2013


Confiamos pues, en que el despacho del Fiscal General también documentará en forma suficiente los secuestros, las masacres, los ataques contra las comunidades indefensas que durante los últimos años se han investigado

El jueves, el Tribunal Superior de Cundinamarca declaró como de “crimen de lesa humanidad” el homicidio del ciudadano  Fair Leonardo Porras, habitante de Soacha, pues consideró que se cometió como parte de “un plan criminal sistemático y generalizado” elaborado por cinco militares que “ubicaban jóvenes de sectores humildes para ser ultimados y reportados como muertos en combate, y así presentar éxitos operacionales”. A esta determinación la antecedió el anuncio del fiscal general de la Nación, doctor Eduardo Montealegre, de imputarle esta calificación a 231 paramilitares y guerrilleros desmovilizados o capturados por crímenes que “obedecían a una política sistemática y generalizada contra la población civil”. Ambas noticias tienen importante significado para la consolidación de las instituciones judiciales y para el respeto a las víctimas.


La decisión del Tribunal de Cundinamarca se produce como consecuencia de la apelación de un fallo de un juez de Bogotá que había desestimado hacer tal declaratoria, en otro proceso en el que los funcionarios judiciales cometen yerros tales que se convierten en denegación de justicia. En su sentencia, el Tribunal ha declarado que “no resulta cierto que únicamente el fiscal sea el competente para determinar la calidad de un delito como de lesa humanidad (...) tal labor puede ser asumida por el juez de conocimiento”, abriendo así un amplio y novedoso espacio a las víctimas para que hagan valer sus derechos. 


El martes, en concurrida rueda de prensa, el fiscal general de la Nación, doctor Montealegre, presentó el modelo de imputaciones por crímenes de lesa humanidad que esa dependencia está implementando dentro de la política de “priorización” de casos y sindicados. Se trata de la determinación de realizar imputaciones a responsables de más de mil violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares y guerrilleros de las Farc postulados a la ley de justicia y paz. En ambos casos se les acusará por “crímenes de sistema: graves violaciones a los derechos humanos que se producen en forma masiva a través de estructuras organizadas que los producen sistemáticamente y contra la población civil”. En la rueda de prensa, el fiscal anunció que en octubre va a presentar nuevas imputaciones por estos crímenes no prescriptibles, algunas de las cuales podrán cobijar a miembros del secretariado de las Farc. 


Damos la bienvenida al giro del doctor Montealegre, cuyas declaraciones del pasado abril anunciando la inexistencia de sentencias por delitos de lesa humanidad contra guerrilleros de las Farc hicieron temer que se abriera un boquete a la impunidad en el marco del actual proceso de negociaciones. Ahora que se avanza en la declaratoria de lesa humanidad a delitos cuyos responsables ya están plenamente identificados y con sentencias ejecutoriadas, consideramos de vital importancia definir con claridad que la vigencia de dichas declaratorias debe ser retroactiva al momento en que quedó en firme la sentencia condenatoria del delito.  Es decir que para el caso de Soacha, por ejemplo, la calidad de delito de lesa humanidad, si bien sólo se declara hasta ahora, la tuvo desde el momento mismo en que se cometió la conducta y se debe reconocer desde el momento en que la condena quedó en firme.


Confiamos pues, en que el despacho del Fiscal General también documentará en forma suficiente los secuestros, las masacres, los ataques contra las comunidades indefensas que durante los últimos años se han investigado y cuentan con sentencias plenamente confirmadas, para que los sujetos allí condenados, aún si llegaren a ser sujetos cobijados por un marco normativo de justicia transicional, no pierdan ante los familiares de sus víctimas y ante la sociedad, su calidad de autores de crimens de lesa humanidad.