Editorial

Consulta popular y vindicación
1 de Agosto de 2013


El árbitro entre la comunidad que se pronunció y el sector afectado por la decisión, sería el ministro del Interior, a quien el país le debe pedir acciones prontas y claras frente a un conflicto que compromete el desarrollo local y nacional.

A la consulta popular sobre la actividad minera en su territorio, convocada por el alcalde del municipio de Piedras, Tolima, le siguió la discusión pública de los ministros de Minas, Federico Renjifo, y Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe. El primero ha asumido la defensa del Artículo 334 de la Constitución, que entrega al Estado “la dirección general de la economía” y le ordena intervenir “en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes”, mandato sobre el cual se formula el Plan Nacional de Desarrollo, que fija la actividad minera como una prioridad del desarrollo económico. El doctor Uribe, por su parte, ha asumido la defensa del mecanismo de participación ciudadana, según criterios de la Ley 136 de 1994, que desarrolla el Artículo 152 de la Constitución, a fin de dar a esa comunidad local potestades para decidir sobre un proyecto que todavía se encuentra en su fase exploratoria. El árbitro es el ministro del Interior, de quien se esperan respuestas oportunas y claras en tanto el conflicto compromete el desarrollo del país.


El enfrentamiento entre los altos funcionarios muestra vacíos normativos, errores evidentes en la convocatoria a este proceso y un debate en torno al sector minero que compromete intereses que van más allá de los de los habitantes de las zonas directamente involucradas.


 La votación en el municipio de Piedras fue convocada siguiendo los pasos de la Ley 136 de 1994 para estos procedimientos: el alcalde pidió al Concejo Municipal aprobar la convocatoria, posteriormente sometió la decisión a consulta ante el Tribunal Administrativo del Tolima, cuyo pronunciamiento fue la base para convocar la votación, que organizó la Registraduría. Estas acciones jurídicas fueron antecedidas por actividades proselitistas por grupos ambientalistas que impulsan la oposición a la gran minería en nuestro país, Perú y Argentina. Voceros locales aseguran que en esa etapa fue escasa la presencia de la empresa minera afectada.


No es claro que el cumplimiento de los pasos legales signifique que se atendieron las exigencias formales para estos procesos, sobre todo la de dar suficiente publicidad a la convocatoria, a fin de que los interesados -empresa, gremios de la minería, autoridades nacionales, órganos de control- pudiesen intervenir exponiendo sus argumentos, paso necesario sobre todo cuando la pregunta objeto de consulta se planteó de forma tal que prácticamente solo permitía una respuesta. Quedan también interrogantes sobre el papel cumplido por la Registraduría, que por ahora se ha limitado a ser simple ejecutora de invitaciones cuyo contenido o forma no ha entrado a analizar.


Bastó la divulgación del resultado de esta consulta, que tuvo participación del 58,9 % del censo electoral y fue aprobada por el 99 % de los ciudadanos, para que el alcalde de Cajamarca anunciara una acción en igual sentido y para que las redes sociales se colmaran de declaraciones vindicativas contra la minería a gran escala, permitiendo mostrar así un movimiento que se pone el traje ambientalista para frenar la forma de explotación de los recursos del subsuelo que garantiza la protección ambiental, pues tiene la tecnología para cumplir fuertes parámetros internacionales y se enfrenta al control del Estado y de la ciudadanía. Además, y a diferencia de la limitada minería informal y de la peligrosa minería ilegal, la minería formalizada en empresas sólidas es la única que está ofreciendo hoy al país el pago de impuestos y regalías -ya se discutirá si los suficientes- y empleos dignos a los mineros. 


Ante declaraciones que muestran que, más que la supuesta defensa de la vocación agrícola de un municipio, el interés en esta consulta es frenar un modelo de desarrollo legítimo, es prudente que el Gobierno Nacional asuma sus responsabilidades constitucionales y, cuando menos, cree las condiciones para atender la invitación de las mineras a que la comunidad del Tolima dialogue, como señalan los gremios de la minería, sobre “la minería formal, social y ambientalmente sostenible y así evitar la expansión de actividades ilegales, que favorecen el deterioro ambiental y social de la región”. Así, por lo menos, no quedarían cerradas todas las puertas de un desarrollo conveniente y necesario para el país.