Columnistas

La nefasta Oficina de la ONU
Autor: Alfonso Monsalve Sol髍zano
21 de Julio de 2013


Se supone que la presencia del Representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en Colombia debe ser imparcial al asesorar al Estado en el manejo de los derechos humanos y el DIH consecuencia de la amenaza terrorista

Se supone que la presencia del Representante de la  Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en Colombia  debe ser imparcial al asesorar al Estado en el manejo de los derechos humanos y el DIH consecuencia de la amenaza terrorista que vive el país. Pero no es así. Ese organismo, como prácticamente toda la burocracia de esa organización en el mundo, está cooptado por simpatizantes de grupos radicales de izquierda, así, algunos de ellos, como las Farc, estén armados, cometan crímenes de guerra y de lesa humanidad y sean carteles de la droga.


El actual Representante, señor Todd Howland, actúa, igual que casi todos sus antecesores, como deslegitimador del Estado colombiano, y, en la misma medida, como legitimador de los terroristas. En esta ocasión, este sujeto dijo que la población del Catatumbo “sufre una “grave vulneración” de sus derechos económicos, sociales y culturales y que “La ONU pudo constatar: por un lado, que en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública, y por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes”, En consecuencia pide a la Fiscalía investigar a la Policía por los cuatro muertos que hasta ahora ha producido ese paro. Dice, también, que también “hubo agresiones” de los manifestantes contra la fuerza pública (www.elespectador.com, 10.07.2013), pero sospechosamente no solicita a ese organismo que las investigue.


La cita es muy diciente: como hubo disparos con fusiles de alta velocidad, presume que fue la policía quien hizo uso de esas armas, como si las Farc no las utilizaran, exculpándolas de entrada, a pesar de que hay alrededor de cincuenta agentes heridos, algunos de ellos de bala. Con esta argucia el señor Howland condena al Estado colombiano, en general,  y a la policía, en particular,  como represores y violadores de los derechos humanos de los “campesinos” que combaten en el Catatumbo.


¿Qué clase de representante es ese que viola las más mínimas reglas del derecho procesal penal y prejuzga a la policía colombiana, que según toda la información que circula públicamente, ha sido prudente, ha soportado insultos, maltratos y provocaciones?  Nuestro Estado, tiene, según la Carta de las Naciones Unidas, el derecho a defenderse; la policía, como institución,  el deber de proteger al país y a los campesinos atrapados por la minoría guerrillera, haciendo un uso racional y proporcional de la fuerza, si fuere necesario; y los agentes, como ciudadanos-los policías también tienen derechos-  están en su legítima atribución de proteger sus vidas contra ataques armados de inusitada violencia como los que hemos visto, a pesar de las limitaciones que afectan su derecho a defenderse.


Cualquiera, con dos dedos de frente, no puede ignorar lo que se ha visto. No se trata de labriegos indignados que bloquean las carreteras por unas justas reivindicaciones. No. Lo que se ve es gente encapuchada, que funciona disciplinadamente, con mando y cumple órdenes, que tira piedra, pero también lanza explosivos, misiles y bala, con el objetivo de crear una zona de reserva campesina, ZRC,  base de apoyo militar fronteriza con Venezuela,  y mantener los cultivos de coca; no de defender los intereses de los pobladores. Pero el señor Howland decidió que la protesta es legítima y que la realizan auténticos campesinos y no las Farc, con sus intereses apátridas y criminales.


 ¿Quién se cree que es?  ¿Él regente de un país golpeado y humillado como pocos, por esos sátrapas de nuevo cuño, que a nombre de la defensa de los derechos humanos se creen con la potestad de dar órdenes y arrinconar a una democracia como la nuestra, mientras ganan grandes sumas en dólares, viajan en primera clase, utilizan hoteles de cinco estrellas o viven en mansiones y son clientes habituales de restaurantes a los que no tiene acceso el 95% de la población colombiana? A esa gente no le conviene que desaparezca la amenaza terrorista, porque mientras subsista vivirán como jeques petroleros.


 Howland  actúa como cómplice de los peores perpetradores de crímenes de guerra y contra la humanidad. En el Catatumbo, los campesinos de carne y hueso son prisioneros de grupos a quienes  lo que menos interesa es el bienestar de los habitantes de la región; pruebas, al canto: el paro armado está a punto de quebrar a más de mil quinientas familias campesinas cuya cosecha de palma se perderá y cuyo único delito es vivir en la zona y demostrar que es posible progresar, rompiendo la cadena de los narcocultivos que las ata irremediablemente a  los grupos armados ilegales. Igual se puede predicar de los dueños de otros cultivos, de los pequeños comerciantes, de los transportadores.  Atentan las Farc con la seguridad alimentaria de la población -que las guerrillas dicen tanto defender- creando una escasez injusta y creciente, violando el derecho fundamental de la gente a comer; impiden el ejercicio del derecho a la salud, por los bloqueos establecidos; sabotean el derecho de los niños estudiar en paz,  a no crecer bajo violencia y amenazas a sus padres y a no ser objeto de reclutamiento forzado. Intentan imponer una ZRC sin que se consulte a los Motilones, dueños ancestrales de esas tierras.  ¿Por qué el señor Howland no se pronuncia contra ese atropello y explica que son las Farc y los otros grupos ilegales los que vulneran los derechos civiles, económicos, sociales y culturales de las gentes del Catatumbo?


Santos había dicho que esa Oficina de la ONU ya no era necesaria.  En realidad, nunca lo ha sido. Sin embargo, como siempre, reculó, pensando en La Habana. Ahí está  pintado. Las Farc piden que esa Oficina permanezca y él obedece.