Columnistas

Contralorías con pronóstico reservado
19 de Julio de 2013


Cada vez se hace más evidente: el ejercicio del Control Fiscal en Colombia debe tener una variación sustancial, que le permita a las Contralorías ponerse al servicio de los ciudadanos y ejercer una verdadera protección del patrimonio público

Carlos Alberto Atehortua Rios*


Cada vez se hace más evidente:   el ejercicio del Control Fiscal en Colombia debe tener una variación sustancial, que le permita a las Contralorías ponerse al servicio de los ciudadanos y ejercer  una verdadera protección del patrimonio público; la transformación  que se propone es sustancial,  ya que implica una variación constitucional  de fondo en relación con la forma cómo funcionan  estos  organismo de Control.


Lo primero que debe quedar en claro, es que el control fiscal, es una clase de control administrativo, de allí que no se trata de una modalidad de control judicial o judicializado, (¿ Contralores con toga administrando justicia?), en ese caso,  lo indicado sería transformar la actual Contraloría por una especie de Tribunal de Cuentas;   lo segundo es,  que el control debe estar orientado a la gestión por los resultados y no a controlar procesos que es una labor propia del sistema de control interno y finalmente que su labor sustancial  debe dirigirse a garantizar que tanto los funcionarios públicos, como los particulares que administran recursos del Estado, orienten la destinación de los recursos  al cumplimiento de los fines y objetivos que le son propios a la gestión pública.


No es que se pretenda proteger la corrupción y la impunidad, es sólo que su persecución debe estar en manos de organismos especializados con esos propósitos y ellos son la Procuraduría, la Fiscalía y en general la jurisdicción penal, tampoco es que sea irrelevante la tarea de garantizar la indemnidad del patrimonio público, pero esa labor debe dejarse en manos de los jueces, especialmente los administrativos que conocen a fondo esa temática. 


Si queremos tener un control fiscal eficiente, debemos precisar con plena claridad su objeto de tutela y sus objetivos institucionales, esto es,  tener clara la respuesta a la pregunta: Para qué se ejerce control fiscal?.  La respuesta no debe ser otra: para que los recursos del Estado se destinen a la satisfacción del interés público social y a mejorar en forma permanente la calidad de vida de los ciudadanos.


El paradigma de “vigilar y castigar” no debe ser el determinante en materia de control fiscal, donde se vigila, con el interés de que las cosas se hagan bien y en caso de que las cosas no se hagan, exista un detrimento en el patrimonio público o en general se ocasionen un daño a los ciudadanos o al Estado, el organismo de control fiscal debe contar con los medios adecuados para acudir a organismos con competencias de policía administrativa, disciplinarias, indemnizatorias o penales, para que sean ellas las que impongan las sanciones de rigor. 


En el escenario propuesto, la Contraloría ejercería sustancialmente labores de evaluación y control  de la gestión fiscal  que realizan los funcionarios administrativos y  los particulares que administran recursos del Estado y podría tener unas competencias sancionatorias, que se ejercerían por gestión ineficiente,  pero no se trata de funciones  indemnizatorias patrimoniales, ni disciplinarias, ni penales que las mantendría los organismos que hoy las tienen, con la claridad de que en todos los casos la Contraloría tendría el deber de adelantar ante las autoridades competentes las acciones necesarias para que se impongan verdaderas sanciones a quién afecta el patrimonio público que no necesariamente es del Estado.


La propuesta que presento, consiste en  que constitucionalmente se le asignen competencias sancionatorias al Control fiscal pero referidas exclusivamente a la evaluación de la gestión fiscal financiera y que se le  obligue a instaurar denuncias penales y disciplinarias contra quienes con sus actividades dolosas o gravemente culposas han afectado los intereses del Estado y aún para que adelanten  acciones de contenido patrimonial contra todo tipo de personas, incluidos particulares y contratistas que con sus actuaciones afectan al Estado o en forma colectiva intereses ciudadanos.


Ojalá, Contralorías como la de Medellín y la de Antioquia, hicieran propias estas iniciativas que deberíamos llevar pronto al Congreso de la República, pues de no hacer una transformación sustancial al ejercicio del Control Fiscal, lo que se sigue  es que las contralorías se vean como un paciente con “pronostico reservado”   


*Docente, asesor, exContralor de Medellín