Política

Revocation was revoked
Revocada la revocatoria
Autor: José Ignacio Mejía / Nacho
9 de Julio de 2013


Dudas, interrogantes, dificultades, costos y desgastes volvió a dejar la aplicación de ese mecanismo el pasado domingo en Angostura.



Gráfico: Juliana Palacios Ceballos / EL MUNDO

Los mecanismos de participación ciudadana son importantísimos para promover, valga la reiteración, la participación popular en las grandes decisiones públicas en los ámbitos nacional, territorial y local.


Uno de los más profundos cambios que propuso la Constitución del 91 fue pasar de una nación representativa a una participativa y en 22 años de vigencia de ese ordenamiento jurídico, Colombia avanza en ese proceso aceptablemente, pero no faltan las dificultades.


Sin embargo, el trigésimo noveno revés en las urnas de la revocatoria del mandato, mecanismo que en 17 años de existencia no ha podido ser estrenado, como ocurrió el pasado domingo en el municipio norteño antioqueño de Angostura, origina otra vez los interrogantes, dudas y los análisis de siempre sobre su efectividad, al tiempo que nuevamente se escuchan voces solicitando que se requiere replantear su normatividad.


Claro que eso ocurrió también en los anteriores 38 fracasos, y aunque las disposiciones constitucionales y legales originales han sido modificadas, ese mecanismo no ha podido tener efectos prácticos.


Recordemos que solo hoy pueden ser revocados los alcaldes y los gobernadores, el presidente no, al tiempo que la izquierda democrática adelanta la recolección de firmas para intentar realizar un referendo que con el visto bueno ciudadano permita que quede incluida en la Carta Política la revocatoria de senadores y representantes a la Cámara.


Lo ocurrido el domingo en Angostura provocó el debate 39 esta vez entre la clase política antioqueña, dividida entre los partidarios de que su alcalde permaneciera en el cargo y los que apoyaban al comité promotor de moverle la silla al mandatario.


El análisis de lo acontecido el domingo en esa comarca antioqueña permite vislumbrar debilidades, politización  y tergiversación del empleo de las revocatorias.


El registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez Torres, reflexionando sobre este asunto recalcó que son dos las causas que deben llevar a los ciudadanos a emplear las revocatorias del mandato. La central es el no cumplimiento del programa de gobierno y la segunda es la insatisfacción general de la ciudadanía con el gobernante.


Además este funcionario electoral llamó la atención sobre un hecho interesante. El ciudadano no se debe limitar solo a votar para elegir a un gobernante sino realizar una permanente vigilancia sobre el ejercicio del mandato que le entregaron en las urnas y un año después de llegar al poder evaluar la gestión y si no está cumpliendo proceder a su revocatoria.


Ese espíritu de la norma parece muy sano, pero en la práctica es donde surgen los interrogantes.


El analista Horacio Serpa, como lo citamos el sábado pasado, alertó sobre si es posible realizar un examen responsable y objetivo del incumplimiento programático de un alcalde, cuando aún no lleva siquiera la cuarta parte del mandato.


Y Angostura volvió a renovar los líos de las revocatorias. El alcalde salió a denunciar que la recolección de los apoyos ciudadanos o firmas se hizo con engaños al elector y no bajo los cánones de la normatividad, mientras que los promotores se quejaron de constreñimiento o presiones al elector para evitar que saliera a sufragar.


Además, el comentario generalizado es que se emplea como estrategia para que fracasen las revocatorias, promover la abstención o la no participación en la jornada electoral para evitar que se concrete el umbral mínimo de concurrencia a las urnas. Hecha la ley, hecha la trampa o la viveza.


Entonces, así como van las cosas, la mejor lectura de lo que está pasando es que las revocatorias seguirán revocadas.



Otra revisión

Debido a los nulos resultados prácticos de las revocatorias del mandato, el Congreso de la República aprobó nuevas modificaciones a sus actuales disposiciones para facilitar su aplicación.


Se trata de una ley estatutaria que pretende disminuir en un 10 %, del 40 al 30 %, el número de apoyos para iniciar el trámite de una revocatoria del mandato.


Y bajar la votación válida del 55 al 40 % no inferior al número de sufragios con los cuales se eligió al respectivo mandatario.


Estos cambios son hoy objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional.