Columnistas

Reflexiones sobre la carta de Lafaurie
Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
30 de Junio de 2013


En el Periódico Debate (www.periodicodebate.com) se publicó una extensa carta del presidente de Fedegan al Jefe Negociador en La Habana, Humberto De la Calle Lombana.

En el Periódico Debate (www.periodicodebate.com) se publicó una extensa carta del presidente de Fedegan  al Jefe Negociador en La Habana, Humberto De la Calle Lombana. En ella plantea cosas muy preocupantes, porque tocan la esencia  de las “conversaciones de La Habana” de un lado, y el principio de igualdad ante la ley, del otro.


Argumenta  José Félix Lafaurie que a pesar de que De la Calle ha dicho que en la Reforma Rural Integrada, RRI, habrá un banco de tierras, con los baldíos, los fundos de criminales al los que se les aplica la extinción de dominio; y a pesar de que ha dicho que se respetarán los derechos adquiridos  legalmente sobre la propiedad de la tierra, también ha afirmado que se aplicará “la extinción administrativa de dominio para tierras inexplotadas que incumplan la función social y ecológica de la propiedad, de la adquisición de tierra o la expropiación con indemnización por motivos de interés social o de utilidad pública”, para engrosar dicho banco. El Incoder podría acumular con estas medidas un poder excesivo y arbitrario porque  en el Informe Conjunto el asunto no queda nada claro el significado de incumplir la función social y ecológica de la propiedad,  o las condiciones cuando se obliga a vender al estado un fundo productivo. Esos criterios, fijados por las Farc y el gobierno (bajo la presión de esta guerrilla), ejecutados por el Incoder, pueden dar lugar a despojos injustos.  Y los ganaderos serían los mayores expropiados.


Lafaurie no se enfoca en la Ley de restitución como marco y complemento a lo acordado por las Farc. Pero de  hecho muchas expropiaciones de tierras legalmente conseguidas, muchas de ellas productivas, serán invadidas por personas que dirán que esa tierra les fue “expropiada”. El despojo a los propietarios se hace pisoteando el corazón del debido proceso, invirtiendo el principio básico del sistema judicial de Occidente, según el cual es el Estado quien tiene que probar que alguien infringió la ley, sino que este tendrá que probar que no la violó. El debido proceso es un derecho fundamental que protege al individuo de los abusos del Estado, que es lo que ocurre con esa ley, en esta ocasión, de la mano de las Farc. 


Plantea Lafaurie que la realidad del campo ha cambiado dramáticamente: los grandes propietarios ya no son los ganaderos (víctimas preferidas de las Farc) sino nuevos concentradores, ilegales y  legales. Los primeros son la guerrilla, con las Farc a la cabeza, que se han robado unas 800.000 hectáreas, las autodefensas, las Bacrim y el Eln. Pienso que esta es una piedra de toque para la aceptación o no de los colombianos que han sido víctimas de las Farc, que se cuentan por millones.  El gobierno tendrá que decir cómo recuperará esa tierra para ponerla a disposición del famoso banco, porque de lo contrario en lugar de aplicar la expropiación,  la legalizaría, convirtiendo un acto criminal en una tenencia legal, movida inaudita pero posible, con la cual las Farc legalizarían su despojo masivo.  Algo que sus víctimas jamás perdonarían.


Los segundos son los  grandes consorcios que han acumulado decenas de miles de hectáreas (se calcula que hasta ahora van unas 600.000 en la altillanura de Meta y Vichada), de cultivos de palma, maíz, etc; para la producción industrial a escala,  estimulados por la firma de TLC y las oportunidades de venta de alimentos, biocombustibles, etc.  Colombia necesita agroindustria  extensa   en tierra para disparar la producción de la agricultura y su impacto en el PIB y en el empleo. 


El punto, es que se ha descubierto que la acumulación de tierras se hizo violando la ley que dice que un propietario no puede tener más de una unidad agrícola productiva, que para el caso de la altillanura es entre mil y mil quinientas hectáreas. Sólo Riopaila tiene decenas de miles, compradas por métodos que rozan el código penal.  Pues bien,  los ganaderos  “con posesión legal e histórica de sus tierras” exigen igualdad de tratamiento respecto a los nuevos concentradores legales, porque sería inaceptable que a aquellos no los expropiaran,  mientras que a los ganaderos sí. 


El Gobierno Nacional enfrenta la disyuntiva de hacer cumplir la ley, lo que implicaría una inmensa pérdida de valor para grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, pero también para el país y la destrucción de unos 30.000 empleos;  o tendría  que buscar una salida: que en el acuerdo con las Farc el gobierno buscaría que a esos empresarios no los expropiaran.  Pero si esa fuera la solución, los ganaderos exigen que a ellos tampoco los despojen,  para cumplir con el principio de igualdad. Para mí que Santos resolverá el punto  golpeando a unos y otros. Pero si es así, se le pondrá el dulce a mordiscos.


Hay otros asuntos como el censo rural y los avalúos. Lafurie piensa que es bueno lo el censo para despejar muchos mitos, pero advierte que los avalúos ya han subido estrepitosamente. Esta será otra larga discusión. Pero ya veo financiando los proyectos de las Farc con el dinero de los propietarios que sobrevivan a la RRI.