Editorial

Las falacias tras una propuesta
27 de Junio de 2013


Junto al relato de la miseria en Catatumbo, han crecido los de abandono institucional, una idea que merece ser revisada, sobre todo en lo referente a instituciones civiles.

Desde el pasado fin de semana y mediante la presentación abundante de noticias, los medios de comunicación han guiado la atención del país hacia las protestas en la región de Catatumbo, Norte de Santander. La abundancia de publicaciones contrasta con la pobreza de perspectivas publicadas: los voceros de la protesta y analistas avezados y alejados son contrastados, apenas, por jefes policiales y funcionarios que caminan sobre terreno resbaladizo. En silencio están los empresarios legales y legítimos, los dirigentes que no participan en los mítines, la Iglesia y los ciudadanos que impulsan el desarrollo social. El país tiene, pues, una visión imperfecta e incompleta de una movilización que lo compromete.


La unicidad en las vocerías y la fragmentación de los datos disponibles sobre la región, ha permitido que se consoliden falacias que se disfrazan de argumentos con los cuales justificar que miles de personas abandonen sus parcelas para lanzarse a arriesgadas aventuras en las que pueden perder sus vidas y su salud. Y es que así como abundan descripciones sobre la pobreza de la región, acompañadas de algún dato suelto de Planeación Nacional, y sobre el abandono institucional, apenas sí se mencionan, y eso para no dar apariencia de parcialidad, hechos relevantes como el dominio guerrillero sobre la región o como el carácter de cultivadores de coca, que es denominador común de los movilizados. 


Desde la década de 1930, el Catatumbo ha estado en el centro de la riqueza y los conflictos en el país. Entonces, iniciaron las exploraciones de petróleo por la concesión Barco, que operó desde 1941 hasta la reversión en 1977, fecha en la que Ecopetrol tomó posesión de los pozos que hoy está revitalizando en acción conjunta con Petrobras. Alrededor del petróleo y el oleoducto han florecido la ganadería, la palmicultura, el cacao y fundaciones que generan desarrollo integral por su trabajo con las comunidades. Aunque no es una región rica y en ella existen todavía fuertes falencias en infraestructura vial, en educación superior o en coberturas amplias de acueducto y energía eléctrica, no es posible describirla como una zona de tal pobreza que su situación desesperada provoque insurrecciones espontáneas.


Junto al relato de la miseria, han crecido los de abandono institucional, una idea que merece ser revisada, sobre todo en lo referente a instituciones civiles: la Diócesis es fuerte y genera confianza que construye; la fundación apoyada por Ecopetrol dialoga por igual con las gentes de la región que con las ONG internacionales, y las alcaldías tienen, por lo general, legitimidad. El pasado 12 de junio esa institucionalidad se hizo evidente en el “Foro Regional por el Catatumbo”, que convocó la llamada “Red Sueños Catatumbo” y financió Ecopetrol, a fin de que 500 líderes respondieran preguntas como “¿Cómo vemos el desarrollo socio-económico de la región, con un acuerdo de paz?” o “¿Cómo nos vemos sin un acuerdo de paz?” 


En Catatumbo sí es notoria, y lo hicimos ver el pasado 25 de mayo, la ausencia o incapacidad de la Fuerza Pública para generar condiciones de seguridad, más necesarias allí que en muchas zonas alejadas de los refugios dorados que el chavismo ofrece a las Farc. Esto se demuestra en la afirmación de la revista Semana el pasado enero, cuando declaró que esa es la única región del país que esa guerrilla ha reconquistado tras la desmovilización paramilitar. A lo largo de cuatro décadas, los grupos ilegales han permanecido al lado de intensivos cultivos de coca que, como claramente expresan los campesinos, están en el sustrato de una movilización en la que pretenden negociar jugosas ganancias -subsidios mensuales de 1.5 millones de pesos- y cero control del Estado al proceso, a cambio de permitir el avance de la erradicación manual de cultivos ilícitos.


La crisis en Catatumbo ha llegado a un nivel en el que es obligatoria una negociación del Estado, que ojalá llegue sin posiciones tan ingenuas como la de don Lucho Garzón, con la comunidad movilizada, que debe hacerse representar tanto por sus líderes cívicos como por quienes tienen interlocución con las Farc, actor cuya presencia es necesaria para garantizar la solidez de los acuerdos. Y ojalá con este proceso, el Gobierno quede avisado de los enemigos que lo acechan.