Editorial

Intereses particulares
26 de Junio de 2013


El cambio de sujeto protegido por la ley es de mayor cuant韆, y eso lo saben bien los economistas y agentes del mercado.

La legislatura que concluyó el pasado jueves deja grandes interrogantes sobre la forma como se están decidiendo leyes que ponen en juego la calidad de vida y los derechos de los colombianos y sobre los mecanismos de control que la sociedad deberá implementar sobre el Congreso. Veamos dos casos inquietantes.


Tras el hundimiento del proyecto que popularmente fue conocido como “Ley Antimonopolio”, se propuso una nueva iniciativa dirigida a prohibir las cláusulas de permanencia de los contratos individuales. La norma, limitante del poder abusivo de los operadores, iba a ser votada el jueves en plenaria del Senado; sin embargo, la Presidencia de la corporación canceló el trámite tras conocer que el congresista Mauricio Lizcano, del Partido de la U, cambió su voto a última hora y con ello modificó las mayorías poniendo en riesgo una norma dirigida a proteger a los consumidores.


Por otro lado y aunque las directivas del Congreso habían anunciado que evitarían apresuramientos en la aprobación de leyes, lo que incluía no hacer jornadas de conciliación a altas horas de la noche, el trámite de la Ley Estatutaria de la Salud concluyó en una intensa conciliación que duró hasta poco después de las 11 de la noche del jueves. Pero las alteraciones sufridas en ese proceso, apenas si se han ido mencionando por los medios de comunicación.  Aquí mismo, en nuestro editorial del sábado celebramos con el ministro Alejandro Gaviria y el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, lo que se había anunciado como un gran paso hacia la regulación de los precios de los medicamentos, grave factor de costos e insatisfacciones con la salud en el país.  En el ajuste a la norma participaron los senadores Luis Fernando Velasco (liberal) y Armando Benedetti (del partido de la U) y los representantes Adriana Franco (liberal), Roosvelt Rodríguez (del partido de la U) y Gustavo Puentes  (Conservador), quienes tuvieron la asesoría del ministro de Salud y la compañía constante de los representantes de Afidro, Francisco de Paula Gómez, y de Asinfar, Diego Bravo. 


El proceso parlamentario modificó el artículo “Política Farmacéutica Nacional” (artículo 24 en Cámara, 25 en Senado, 23 en Conciliación) en los aspectos objeto de regulación, entes regulados y objetivos de la intervención estatal, hasta reducir en forma significativa la capacidad de intervención del Estado en uno de los campos en los que podría garantizar el derecho a la salud, que es el propósito de la ley estatutaria aprobada. El cambio más notorio, y sobre el que alertaron congresistas del Polo Democrático, es el que responsabiliza al Gobierno de regular el precio de los principios activos y el del momento de salida de los distribuidores. La disposición reduce la vigilancia sobre los que se llaman a sí mismos “laboratorios farmacéuticos de investigación y desarrollo” -en general grandes multinacionales- que son los principales, aunque no únicos, responsables del alto costo de los fármacos. El límite al Gobierno queda fijado también cuando se establece que los precios de los medicamentos en Colombia “no podrán superar el precio internacional de referencia, de acuerdo con la metodología que defina el Gobierno Nacional”, cambiando la iniciativa que había propuesto el representante Simón Gaviria, según la cual se debería establecer una metodología que permitiera comparar los precios internacionales, garantizando que el colombiano nunca estuviera en el tope superior de los valores de los medicamentos.


El cambio a la norma quedó consumado al fijar el objetivo de la regulación, que en Senado se había establecido fuera “controlar el incremento de dichos precios en atención a la cadena de comercialización y producción, y su comportamiento dentro del mercado a fin de proteger a sus consumidores” pero en conciliación quedó que el Gobierno “deberá regular el margen de distribución y comercialización cuando este no refleje condiciones competitivas”. El cambio de sujeto protegido por la ley es de mayor cuantía, y eso lo saben bien los economistas y agentes del mercado.


La vigilancia a las corporaciones públicas en Colombia se ha centrado en medir la participación de los políticos en la actividad parlamentaria o su asistencia. La evidente influencia de intereses privados, común a los congresos, muestra la necesidad de que el control se haga sobre su participación en los debates y las votaciones en normas trascendentales que confrontan intereses privados y los de la comunidad. Invitamos a los medios colegas y a instituciones como Congreso Visible, a que emitan sus respectivos análisis sobre el pasado período legislativo.