Columnistas

En nombre del progreso, a talar se dijo
Autor: Carlos Mauricio Jaramillo Galvis
20 de Junio de 2013


Un día fueron llegando por oleadas al parque Gezi de la ciudad de Estambul, una de las pocas zonas verdes que aún conserva esta ciudad con el fin de acampar e iniciar una protesta para evitar la tala de los árboles allí presentes

Un día fueron llegando por oleadas al parque Gezi de la ciudad de Estambul, una de las pocas zonas verdes que aún conserva esta ciudad con el fin de acampar e iniciar una protesta para evitar la tala de los árboles allí presentes e impedir la construcción de un centro comercial.  Dos días después, las fuerzas antidisturbios con sus potentes cañones de agua y  gas pimienta evacuaron a los “indignados” del  parque.  


Casos de protestas por destrucción de zonas verdes se repiten constantemente en el mundo: Alcorcón en Madrid, Campo de Marte en Lima, Guadalajara en México, Ilopango en El Salvador, Moscú en Rusia y en todos se ha utilizando la fuerza pública para que los “desarrolladores de las ciudades” esparzan su cemento.


La Constitución Política de Colombia garantiza el derecho a la protesta pacífica, en su artículo 37, el cual establece que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” y “solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho” (¿?)


Pues bien, a raíz de lo que será un inminente desastre ambiental con las obras del Metroplús en su tramo La Frontera – San Marcos, es necesario que la comunidad comience a defenderse de ese falso progreso en el cual nos quieren imbuir los amigos del cemento y el acero.  Y no estoy haciendo un llamado al desorden a los ciudadanos de bien y, que de la noche a la mañana, se conviertan en ácratas, en vándalos, sino que ya es hora de exigirles a las autoridades en general que las obras de una ciudad o que involucren a un área metropolitana, como en este caso, tienen que ser concertadas con la misma comunidad.  Los mandatarios fueron elegidos para que representen los intereses de sus electores y no los caprichos de empresas que consideran que sus activos se verán comprometidos, sino logran poner en marcha obras que derramen cemento y hierro por  doquier.


No se requiere ser un experto en transporte para entender que el tramo que se pretende construir no resuelve en absoluto el tema de la movilidad,  pues este va en forma paralela al Metro, lo que sugiere que quienes se movilicen en sentido norte-sur o viceversa, lo deberían hacer en este sistema de transporte y no es los buses que pretenden  poner a circular en el “túnel verde”.  La lógica indica que se deberían construir tramos  que tengan la forma del diagrama de Ishikawa (espina de pescado) y que alimenten al Metro y de esta forma estimular su uso.


Por otra parte, talar más de 200 especies arbóreas con la excusa del “progreso y desarrollo” es un verdadero absurdo, máxime cuando en este “valle de lágrimas” las temperaturas son cada vez más elevadas y los niveles de contaminación son críticos, como lo evidenciaron los últimos estudios de la calidad del aire, al menos en Medellín.  Por otra parte, reemplazar los chiminangos por especies poco funcionales desde el punto de vista ambiental con el baladí argumento de que estos ya cumplieron su ciclo, como lo sugiere una funcionaria de Metroplús, es un atropello a la razón, pues tuve la oportunidad de recorrer este trayecto y observarlos y no encuentro ningún espécimen que presente siquiera un síntoma de una enfermedad como para decir que ya cumplieron con su vida útil y, para colmo de males, la misma funcionaria en declaraciones dadas en algunos medios de comunicación asegura que “no puedo decir si habrá o no afectación ambiental con las obras porque estamos en la etapa de inventario forestal en la cual, se hace registro y nomenclatura de cada árbol”.  Una ingeniera ambiental no puede dar ese tipo de declaraciones, porque pone en entredicho su título profesional y debería devolver su matrícula.


La comunidad tiene en sus manos el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia y debería aplicarlo como se hace en cualquier parte del mundo, pero lo deberá hacer con alto grado de responsabilidad para defender lo que tanto aprecian por sus servicios ambientales, pero que tanto le estorba a los demoledores del paisaje.