Columnistas

Competencia en aseo
14 de Junio de 2013


Casi sin darnos cuenta estamos experimentando una transformación sustancial en la prestación en el servicio público de aseo y el esquema planteado en la ley 142 de 1994, se está reacomodando a nuevas realidades nacionales

Carlos Alberto Atehortúa Rios


Casi sin darnos cuenta estamos experimentando una transformación sustancial en la prestación en el servicio público de aseo y el esquema planteado en la ley 142 de 1994, se está reacomodando a nuevas realidades nacionales, pero sobre todo a la doctrina de la Corte Constitucional que ha generado innegables avances en la consolidación de la teoría del servicio público, la promoción de la denominada Constitución ecológica, y la protección de los recicladores a quienes el Estado debe dignificar su vida a través de la adopción de medidas afirmativas que les mejore su calidad de vida tal como lo ha ordenado la Corte en sus pronunciamientos.


Los pronunciamientos de la Corte Constitucional contenidos en las sentencias de Tutela T-724 de 2003 en el caso de Bogotá   y T-291 de 2009 en el caso de Cali  y especialmente lo afirmado en el Auto 275 de 2011,  en relación con la actividad de aprovechamiento y el reconocimiento de los derechos de los recicladores, conjuntamente con la adopción de decisiones como las contenidas en el Decreto 564 de 2012 del Alcalde Distrital y la aprobación por parte del Concejo de Medellín de una transformación sustancial en Empresas Varias Municipales que muy probablemente pasará a integrarse al grupo EPM imponen una revisión de fondo en el actual esquema regulatorio del servicio de aseo y sus actividades complementarias.


Sin duda se abre paso la tesis de que los servicios públicos no son función pública administrativa, pero tampoco son actividades económicas libres, como si se tratara de mercancías; ellos constituyen una categoría jurídica especial que el Estado debe planear, regular, vigilar y controlar, de allí que desde la constitución se les dé un tratamiento especial y diferente de las actividades que se desarrollan en economía de mercado.  


Parece inequívoca la intención tanto de las autoridades distritales, como de las de Medellín de intervenir de manera decidida en la prestación del servicio de aseo y hacer de las empresas del Estado, entidades competitivas que presente el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos no aprovechables y a la vez permitir que los recicladores de profesión se dediquen a la actividad de aprovechamiento, disminuyendo sensiblemente el material no utilizable y de paso proteger el medio ambiente.  Ojalá en otros municipios como Cali y Bucaramanga se pueda avanzar en sentido similar pues ello  se benefician los usuarios del servicio y puede dignificarse la vida de los recicladores tal como lo ha ordenado la Corte Constitucional.


Pero para lograr que el esquema se desarrolle en forma adecuada y que las entidades del Estado puedan competir en condiciones de igualdad con proveedores mixtos y privados, es necesario que la Comisión de regulación, realice en forma adecuada su tarea de regular la competencia en y por el mercado de aseo, pues en la  prestación de un servicio como aseo no es posible que la competencia se desarrolle si previamente el regulador no establece las condiciones generales en las que ella ha de realizarse, pues asuntos tales como el acceso al mercado, la ejecución del barrido público, el pago a los recicladores y el adecuado funcionamientos del sistema de contribuciones y subsidios, no pueden ejecutarse debidamente si el regulador no interviene directamente en el servicio y toma definiciones imperativas en asuntos tan relevantes como los enunciados.


 Siendo claro que la doctrina de la Corte constitucional es fuente principal de derecho en Colombia y que sus pronunciamientos tienen fuerza vinculante de mayor entidad que la propia Ley, es necesario tener en cuenta que en adelante la ley 142 y la regulación que ha expedido la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico deben interpretarse y aplicarse dentro de la orientación de los fallos de la Corte y en consecuencia la Ley ha tenido mutaciones sustanciales y no puede interpretarse como si los pronunciamientos de la Corte no existieran.


 En este entorno es particularmente extraño que autoridades del Estado tengan aproximación a este tema, como si se tratara de un tema convencional en el que se aplica en forma exclusiva la ley 142 de 1994, o más bien como si los servicios públicos fueran simples mercancías, y como si un tema tan trascendental en la vida nacional pueda simplemente reducirse a un problema de competidores en el mercado; también se hace extraño que no obstante tener experiencias como la presentada en Bucaramanga el regulador pueda suponer que la competencia en aseo es posible sin que previamente la misma sea regulada en un alto nivel de detalle.