Editorial

Tutelar la salud
13 de Junio de 2013


Se conseguirá que la acción de tutela vuelva a tomar el lugar que le corresponde en el ordenamiento jurídico: ser un mecanismo excepcional de protección.

Avanza en el Senado la discusión y aprobación del proyecto de ley que modifica y regula el sistema de prestación de servicios de salud desde su financiamiento hasta el modelo de atención, según han aseverado el Gobierno Nacional y los expertos que siguen el proceso de discusión de la iniciativa cuyos términos y alcances siguen siendo lejanos para la mayor parte de los colombianos, que asisten a la discusión tratando de ganar claridades sobre la iniciativa en curso.


Es de esperar que en tanto avance el trámite parlamentario y haya mayor comprensión sobre sus componentes, los colombianos podamos informarnos, entender y aportar a la aprobación de una normatividad que va a afectar nuestro disfrute de los derechos fundamentales a la vida y la salud. En tanto se vayan clarificando sus elementos, tomaremos parte en una discusión prioritaria para una sociedad que enfrenta serias dificultades para acceder al sistema de salud y para operadores que alegan incapacidad para cumplir con sus obligaciones legales, en una sucesión de conflictos que hacen evidentes falencias de las entidades de regulación y control en el cumplimiento de su obligación de vigilar un sistema que se sustenta en los aportes de los ciudadanos, vía régimen contributivo, y del situado fiscal, vía transferencias.


Como protagonista principal que ha sido en la aplicación de la Ley 100, la acción de tutela es uno de los principales objetos de debate entre el Gobierno, que señala que con la reforma “se espera que el uso de acciones de tutela disminuya y que el sistema responda a las necesidades del ciudadano”, como afirma el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en postura razonable si se entiende que el sistema contempla mecanismos que garantizarán a los colombianos el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad. En ese caso se conseguirá que la acción de tutela vuelva a tomar el lugar que le corresponde en el ordenamiento jurídico: ser un mecanismo excepcional de protección de los ciudadanos en riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales.


De acuerdo con el Gobierno, el proyecto de ley define las atenciones básicas y los mecanismos institucionales para prestar atención cuando sea necesario exceder la oferta básica, los cuales se sustentan en juntas técnicas que tendrán cinco días para conceptuar sobre las solicitudes. El éxito de esta iniciativa dependerá de la claridad con que se identifiquen las atenciones en prevención y tratamiento garantizadas y los medios por los cuales se garantice la imparcialidad de las juntas médicas, pues su creación despierta suspicacias entre quienes tienen razones para sospechar del sistema, y favorece tergiversaciones por quienes hacen populismo irresponsable con este derecho fundamental. Confiamos en la palabra de los funcionarios en el sentido de que no se cumplirá el temor de organismos como la Federación Médica Colombiana en el sentido de que “lo que se verifica es la gravosa imposición de cargas que lesionan la acción de tutela y afectan el bolsillo de los ciudadanos” sino la esperanza del ministro de Hacienda de que “se trata de acabar con el mecanismo de la tutela como fórmula para acceder a la salud” porque ya no será necesaria.


La crisis del sistema de salud en Colombia es multicausal y sería irresponsable atribuirla únicamente  a la baja cantidad de trabajadores formalizados, a las evasiones de quienes deberían ser contribuyentes, al desorden de algunas EPS o al abuso de la acción de tutela. Pero también es irresponsable negar el desorden ocasionado por la laxitud de jueces que concedieron beneficios cuyo costo no se compadece con su beneficio limitado para la salud o la vida de un solo beneficiario, generando situaciones de inequidad en las que unos cuantos ciudadanos acceden a grandes beneficios mientras la mayoría se ven a calzas prietas para obtener atención básica. Construir una situación de equilibrio entre los ciudadanos, de contribución al sistema para quienes pueden hacerla y de orden para el sistema es más que una necesidad, un deber del Gobierno con el presente y el futuro del sistema de salud. Por eso, en principio, confiamos en la palabra de los ministros Gaviria y Cárdenas que ofrecen un mejor sistema, sin sobresaltos para los pacientes ni desorden para los prestadores, y con tutela vigente cuando sea imprescindible.