Columnistas

Ley de transparencia y acceso a la información
Autor: Jorge Alberto Velásquez Betancur
13 de Junio de 2013


El acceso a la información pública no solo es un valor universalmente consagrado en favor de los ciudadanos, sino un bien jurídico protegido legalmente.

El acceso a la información pública no solo es un valor universalmente consagrado en favor de los ciudadanos, sino un bien jurídico protegido legalmente.


Colombia tendrá en breve término una ley que garantice el acceso de todos los ciudadanos a la información pública como garantía democrática, con lo cual se pone término a una larga batalla iniciada muchos años atrás a instancias de la Unesco, que promovió al comienzo de la década pasada una ley marco para los países de América Latina, y que solo pudo concretarse cuando la denominada “Alianza Más Información Más Derechos”, integrada por la organización Transparencia por Colombia, el Grupo de Investigación Dejusticia, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, el Proyecto Antonio Nariño y el Proyecto Ocasa, elaboró el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, presentado para su trámite legal por un grupo de senadores que prestó oídos a la propuesta, no sin antes introducirle algunas modificaciones a la redacción original.


El proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información fue entregado a finales del año 2011. El 8 de marzo de 2012 la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República lo aprobó, por unanimidad. Su aprobación definitiva en la Cámara de Representantes se dio en el mes de junio, al cumplirse el ritual de los cuatro debates. El informe de conciliación al proyecto de ley 146 de 2011 del Senado y 228 de 2012 de la Cámara de Representantes, “por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”, fue entregado el 19 de junio de 2012. 


Una vez cumplido este trámite, el proyecto aprobado pasó a la Corte Constitucional para su revisión previa a la promulgación, tal como lo exige su naturaleza de Ley estatutaria. El pasado 8 de mayo, a través del Comunicado No. 18, la Corte Constitucional anunció la exequibilidad formal de la Ley y la declaratoria de constitucionalidad de 22 de los 35 artículos que la conforman.


Pese a la existencia de mecanismos legales aparentemente efectivos como el Derecho de Petición, contemplado en el Decreto Ley 01 de 1984 y modificado por la Ley 1437 de 2011, los ciudadanos y los periodistas todavía encuentran muchas trabas para acceder a la información, por acciones y omisiones de los funcionarios que interpretan la norma a su manera o dilatan el cumplimiento de las solicitudes presentadas, para que finalmente tenga que recurrirse a la Acción de Tutela por vulneración del derecho a la información o por incumplimiento del debido proceso.


El acceso ciudadano a la información pública es un derecho reconocido en las cartas constitucionales de muchos países, entre ellos Colombia con base en el contenido de los artículos 20, 73 y 74 de la carta política, y es una manifestación del Estado de Derecho. La obtención de esa información debe ser expedita y oportuna, para que sea eficaz.


Tener fácil acceso a la información permite la realización del derecho a la igualdad y es un instrumento para combatir la corrupción, porque permite que la información sobre proyectos de desarrollo, préstamos, convocatorias, licitaciones, pliegos de condiciones, concursos de méritos, presupuestos y ejecuciones presupuestales, agendas oficiales, decisiones gubernamentales, becas, esté oportunamente disponible en páginas web de las entidades públicas y deje de ser un privilegio de quienes son cercanos a la administración. 


La única restricción aceptada universalmente al derecho de acceso a la información pública es que se ponga en riesgo la seguridad nacional o se amenace el derecho a la intimidad de las personas. La ley exige que los documentos que constituyen “reserva”, previamente deben ser señalados como tales y no cuando los ciudadanos o los periodistas los soliciten, como argucia para impedir el cumplimiento de un derecho fundamental.


Pese a los alcances del proyecto original, a lo largo del trámite el Ministerio de Defensa logró mantener algunos “privilegios” proclives al secretismo, amparado en el argumento de la seguridad nacional.  


Conocida la decisión de la Corte Constitucional, el país queda a la espera de la promulgación de la norma. Una vez ocurra, habrá oportunidad de comentarla y, sobre todo, de hacerle seguimiento a su cumplimiento. Lo que está de por medio es muy significativo para la democracia.