Editorial

Los Progresistas y la Registradur韆
12 de Junio de 2013


Apelar al expediente de acusaci髇 de fraude cometido por el Estado en un proceso electoral es una acci髇 extrema justificable 鷑icamente cuando se tienen suficientes elementos de juicio y pruebas pr醕ticamente irrefutables.

Por iniciativa de líderes opositores al alcalde Gustavo Petro, avanza en Bogotá el proceso de revocatoria del mandatario elegido por el movimiento Progresistas. Dado el carácter de batalla política de estos procesos, el debate sobre las razones de la convocatoria y sobre la naturaleza de los convocantes y los afectados, se ha desarrollado entre mutuas acusaciones que tienden a captar la voluntad de los electores, quienes finalmente serían los llamados a emitir veredicto en el proceso.


Aunque nos inquieta que en vez de deliberar sobre ideas se esté discutiendo sobre personas, entendemos que el proceso tiene una dinámica particular que compete a los habitantes de Bogotá, cuyas actuaciones y decisiones observamos con respeto y con la convicción de que el papel de los medios de comunicación es ilustrar sobre sus pasos e implicaciones y presentar con respeto los argumentos de las partes involucradas.


Desde que se anunció, el pasado 18 de abril, la entrega a la Registraduría Distrital de las firmas recolectadas por los promotores de la revocatoria, el mandatario y sus voceros más visibles han lanzado dardos para desprestigiar el proceso de recolección, las firmas mismas y las actuaciones de la Registraduría. La sola determinación de poner a militantes como veedores de oficio de una institución del Estado revelaba la intención de desvirtuar las decisiones, si ellas no respondían a las aspiraciones de los amigos del alcalde, que es lo que viene sucediendo desde el pronunciamiento del organismo responsable de certificar la validez de las firmas.


En documento oficial divulgado el viernes pasado, la Registraduría Distrital declaró que recibió 630.623 firmas, las cuales procedió a revisar con el personal e instrumentos técnicos normalmente usados para esta tarea. La dependencia declaró la validez de 357.250 firmas, cifra que permite continuar con el proceso, toda vez que se necesitaban 290.000 firmas válidas, que representan el 40 % de los ciudadanos que votaron en octubre de 2010. Entre las razones para haber descartado 273.373 firmas, el organismo señaló que algunas no estaban inscritas en el censo electoral de Bogotá, mientras que los registros de otras no coincidían y los de algunas más tenían datos incompletos. Frente al dictamen, elaborado según conceptos técnicos, cabe el recurso de apelación ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. 


En Colombia, la Registraduría tiene bien ganado prestigio de imparcialidad y rigor técnico. Esto significa que el país, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, por ejemplo, puede confiar en que el órgano responsable de garantizar la transparencia de procesos electorales y de participación ciudadana actúa en forma técnica e independiente de intereses partidistas. En el campo de revocatorias, para solo mencionar las cifras de lo corrido de este año, se han radicado quince solicitudes, siete de las cuales no han sido certificadas, siete sí lo han sido y una apenas se encuentra en revisión. Apelar al expediente de acusación de fraude cometido por el Estado en un proceso electoral es una acción extrema justificable únicamente cuando se tienen suficientes elementos de juicio y pruebas prácticamente irrefutables sobre la gravedad de las acusaciones.  Hacerlo por afán propagandístico con frases altisonantes como “solicitamos veeduría internacional para asegurar transparencia en verificación de firmas”, publicada por Guillermo Asprilla, exsecretario de Gobierno suspendido en sus funciones, para tratar de recuperar la confianza de la opinión, es anteponer el afán personal a la salud de instituciones construidas con esfuerzo por los ciudadanos. 


Estaremos atentos al proceso que apenas comienza en Bogotá, pues guardamos la esperanza de que el doctor Petro y los miembros de Progresistas acudan a las instancias de ley para reclamar la defensa de los derechos que creen vulnerados. Cumplidos estos pasos, si el proceso de revocatoria continuare en pie, nuestra defensa será porque este mecanismo de participación ciudadana culmine en un ambiente propicio para la deliberación pública y argumentada.