Columnistas

La interdisciplinariedad en las TIC.
7 de Junio de 2013


Desde los primeros desarrollos de la constitución de 1991, y en especial con la expedición de la ley 142 de 1994, que reglamentó las comisiones de regulación en servicios públicos domiciliarios

Carlos Alberto Atehortua Rios*


Desde  los primeros desarrollos de la constitución de 1991, y en especial con la expedición de la ley 142 de 1994, que reglamentó las comisiones de regulación en servicios públicos domiciliarios,  integradas por un numero plural de expertos en los sectores de agua potable y saneamiento básico, energía y telecomunicaciones , surgió la duda en relación con  cuál es el saber específico que se debe tener las personas  para ser miembro de una comisión de regulación  o para presentar recomendaciones sobre la forma como los diferentes agentes que intervienen en el mismo deben actuar u organizarse.


En el caso de las telecomunicaciones o de las TIC, los expertos deben tener tres tipos de formaciones diferentes, pues de un lado está lo técnico o el conocimiento en materia de ingeniería de telecomunicaciones,  la  informática y en general de tecnologías de la información, en segundo lugar se debe ser experto en regulación económica, formación de mercados y practicas competitivas y análisis financiero que permita conocer del negocio y las  relaciones entre los  agentes económicos del sector  y  en tercer lugar  los expertos deben serlo en regulación jurídica,  que les permita conocer el régimen institucional  aplicable al sector y las ventajas y desventajas normativas que se derivan de una u otra opción, en un caso concreto.


Por mi formación me he ocupado sólo del tercero de los ámbitos de los servicios públicos en general y en particular de las tecnologías de la información y las comunicaciones y me parece lo suficientemente complejo, pues los temas que deben abordarse, como los relativos a la regulación por servicios o por mercados, el título habilitante general o particular, la protección de los servicios básicos o de las telecomunicaciones aplicadas, el derecho de acceso a las redes y la regulación del espectro radioeléctrico como parte del electromagnético tiene efectos suficientes como para determinar las conductas que deben adoptar loa agentes que intervienen en el mercado y determinan la manera como deben organizarse los prestadores de los servicios.


 Lo anterior para afirmar que desde la perspectiva jurídica la convergencia ha dejado de ser un tendencia para convertirse en una realidad sectorial, lo que conlleva a la unificación del régimen jurídico aplicable a los operadores,  sus redes, los servicios   y el establecimiento de un título habilitante único que le permite a todos los proveedores  prestar todos los servicios, despareciendo con el ello las protecciones jurídicas que hasta ahora han tenido servicios como la telefonía fija pública básica conmutada local, en la que se ha protegido no solo el servicio, sino también sus usuarios y proveedores.


Lo anterior equivale al desaparecimiento [al menos legal] del servicio de telefonía fija pública básica  conmutada y que las facilidades o prestaciones propias de este tipo de servicio, sean suministradas por otros tipos de servicios que puedan o tengan la capacidad de hacerlo, en otros términos  la comunicación  de voz desde un terminal fijo, se ha sustituido por la de datos fijos o móviles, prestados por un conjunto de redes  donde  se usan elementos de red alámbricos e inalámbricos.


Este es el entorno actual y el mismo se ha construido pensando en la portabilidad, la movilidad y el acceso masivo a internet, tanto fijo como móvil, en este nuevo escenario se privilegian las telecomunicaciones aplicadas y no la comunicación de voz y en consecuencias las políticas de fomento del Estado son dirigidas a garantizar el desarrollo de las sociedad de la información y las comunicaciones en las denominadas tele actividades.


Por eso cuando se debe opinar sobre el futuro de los operadores locales de telefonía fija, el pronóstico no puede ser positivo, estos proveedores están obligados a evolucionar hacia la banda ancha fija en convergencia con la móvil y la integración de sus servicios alambricos con los inalámbricos y  además deben orientar sus comunicaciones locales a las globales, pues de lo contrario se encuentran en condiciones que les impide competir en condiciones de igualdad con otros operadores que ofrecen a sus usuarios servicios convergentes en los que se incluye un portafolio muy amplio de posibilidades.


Pero esto es solo la visión desde la perspectiva de la regulación jurídica de los servicios, ahora el análisis tiene otros componentes igualmente complejos y de mucha relevancia desde la perspectiva técnica y económica los cuales sin duda también deberán ser tenidos en cuenta.


 *Docente y asesor EPM