Columnistas

Reflexiones sobre la paz
Autor: Jorge Arango Mejía
26 de Mayo de 2013


Como nada se sabe sobre lo que se ha acordado en La Habana, y muchos menos sobre lo que está por acordarse, es conveniente reflexionar sobre lo que implica la firma de un acuerdo de paz

Como nada se sabe sobre lo que se ha acordado en La Habana, y muchos menos sobre lo que está por acordarse, es conveniente reflexionar sobre lo que implica la firma de un acuerdo de paz con un grupo que ha cometido toda clase de desmanes durante medio siglo. En la medida de sus posibilidades, uno está obligado a invitar a la gente a pensar en temas que están indisolublemente ligados a la finalización del conflicto.


El primero es la justicia. Es inaceptable que quienes han cometido crímenes atroces pretendan, de la noche a la mañana, borrarlos de la memoria colectiva, hacer como si jamás se hubieran cometido. A la altura de los tiempos que vivimos, eso es imposible. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal de Nuremberg estableció un precedente: la terminación de la guerra no hace desaparecer los crímenes cometidos mientras ella duró. ¿Cómo pueden los cabecillas de las Farc aspirar a que se les declare inocentes, cuando todos, sin excepción, han cometido, u ordenado a otros, cometer delitos de lesa humanidad? ¿Nadie respondería por los millares de secuestros, asesinatos, ataques a poblaciones inermes, extorsiones, tráfico de estupefacientes?


Más aún: ¿la firma del acuerdo implicaría que los que están en este momento en la cárcel por crímenes semejantes, recobraran inmediatamente la libertad?


De otra parte, es necesario que se diga claramente, no en lenguaje críptico, en qué consiste lo de la “justicia transicional”. Porque si ella conduce a dictar sentencias condenatorias simbólicas, que no impliquen la privación de la libertad, y que no obliguen al condenado a reparar los daños causados por su delito, no sería sino una burla a la justicia. 


Si se menciona la reparación, es porque ella tiene que ser una condición indispensable de cualquier acuerdo de paz.  Aceptar la insólita –y cínica- tesis de que los delincuentes de las Farc se han limitado a defenderse del Estado, es un irrespeto a la sensatez de los colombianos. La realidad es otra, que no se puede desconocer: han cometido crímenes, han causado daños, que están  obligados a reparar.  Y tampoco es lógico que la indemnización de esos perjuicios recaiga sobre el Estado, que no ha causado los daños, porque ello implicaría que todos los colombianos que, en mayor o menor medida, hemos padecido los desmanes de estos delincuentes, resultáramos pagando sus culpas, que nos son ajenas.


Y está el tema de las armas. Lo natural es entregarlas cuando termina el conflicto. No pueden ser guardadas por quienes las han utilizado para agredir a centenares de miles de personas. Si lo que se está acordando en La Habana es la rendición de las Farc, tienen que entregar las armas. O, al menos, destruirlas. Lo contrario traería como consecuencia el dormir, prácticamente, encima de un polvorín. Con cualquier pretexto, saldrían a relucir nuevamente las armas y sería una historia de nunca acabar. De conformidad con el artículo 223 de la Constitución, “Sólo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos.” ¿Llegará la insensatez hasta proponer que se reforme esta norma, para permitir que, por excepción, las tengan los jefes de las Farc? Si quieren retener las armas, solamente pueden tener un motivo para ello: que tengan la esperanza de volver a las andadas y ensangrentar nuevamente el país. Por el contrario, si pactan la paz con ánimo sincero, de buena fe, no tienen por qué  esconder las armas.


En cuanto a la participación en política (finalidad última de todo este proceso, que podría resumirse en cambiar las balas por los votos), ella debe darse en igualdad de condiciones para todos los colombianos. Si quienes han estado al margen de la ley, se someten al orden jurídico y practican lealmente las conductas propias de éste, estarían legalmente facultados para participar en los asuntos públicos, y elegir y ser elegidos. 


Una última consideración: un presupuesto necesario de un convenio de paz, tiene que ser la vigencia del orden jurídico en todo el territorio de la nación. Con el cuento de establecer unas zonas de reserva campesinas, no se puede admitir que haya sitios donde el Estado no ejerza la autoridad por medio de sus agentes.