Editorial

Miedo en la frontera
25 de Mayo de 2013


La cuenta de cobro se ha hecho mucho más onerosa con la ratificación por el Gobierno de Maduro de su respaldo a los diálogos de La Habana, donde pareciera estar prohibido reclamar respeto por los Derechos Humanos y el DIH.

En los últimos tres días, el departamento de Norte de Santander ha sido escenario de la muerte de once soldados y el secuestro de un cabo, tras emboscada del Eln perpetrada en zona rural del municipio de Chitagá, donde realizaban labores de protección de infraestructura.  También sufrió dos atentados contra los oleoductos de Caño Limón Coveñas y del Norte de Colombia, perpetrados por las Farc en zonas rurales de los municipios de Tibú y El Tarra, hechos que no han producido la muerte de persona alguna, pero que dejan muy graves daños ambientales en zonas de difícil acceso. 


El jueves, los colombianos nuevamente nos dolimos de la muerte del director de inmigración y un funcionario de esa dependencia, y de dos miembros de la Policía, en atentado de las Farc contra una patrulla que circulaba en el sector de Paraguachón, paraje de La Guajira, próximo a la frontera con Venezuela. En ese departamento es un secreto a voces que las Farc utilizan la Serranía del Perijá como ruta de escape hacia sus refugios en Venezuela.


No obstante encontrar oídos sordos en su gobierno e incluso en la comunidad internacional, dirigentes venezolanos no cesan en sus denuncias sobre la grave situación de seguridad en las regiones fronterizas con Colombia, a causa de la presencia guerrillera en esas zonas. El empresario Jesús Iragorry, presidente de la Federación de Ganaderos y Lecheros de El Lago, en la zona de Zulia, lamenta que “la presencia de la guerrilla colombiana hace imposible el trabajo de los productores del campo”. Su denuncia es avalada por Egildo Luján, director del sector pecuario de Fedecámaras, el mayor gremio de Venezuela.


Tras señalar que el ajusticiamiento cometido por el Eln contra los militares a los que emboscó en Norte de Santander “se convierte en una infracción al Derecho Internacional Humanitario porque se trata de ejecutar a uniformados indefensos” y descalificar esa acción por una guerrilla que parecería querer hablar de paz, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, descartó que los autores del hecho se hubiesen refugiado en Venezuela. Tal afirmación no se basa en investigaciones previas e ignora, y minimiza, las denuncias de las comunidades de las zonas fronterizas sobre los corredores que las Farc tienen para huir a sus refugios protegidos en el hermano país, una vez perpetran sus daños en Colombia. 


Ante el asesinato de su principal funcionario en una región clave en las relaciones exteriores de Colombia, como lo es La Guajira, la Cancillería entregó un comunicado de solidaridad con sus familiares y compañeros de trabajo, a quienes exhortó a “seguir trabajando con la fortaleza y dedicación que los ha caracterizado”, mientras manifestó su esperanza porque las autoridades “den pronto con el paradero de los culpables”, a los que no quiso llamar por su nombre, así esas mismas autoridades hubieran señalado al frente 59 de las Farc. 


En Venezuela, denuncian los medios de comunicación, es cada vez más difícil obtener información oficial sobre las tasas de homicidios, secuestros y extorsiones en las zonas fronterizas con Colombia. Señalan, además, que el Gobierno de Nicolás Maduro apela a la manipulación de las cifras para atacar al exgobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, derrotado en las pasadas elecciones, y mantener la imagen del actual mandatario, el chavista Francisco Arias Cárdenas, en cuyo gobierno se han triplicado las cifras de homicidios, teniendo en cuenta que en todo 2012 hubo 550 muertes violentas en el Estado y que en entre enero y abril se registraron 425 homicidios.


El silencio de los presidentes Santos y Maduro y el afán de ocultamiento del papel de la guerrilla colombiana en el recrudecimiento de la inseguridad al otro lado de la frontera y en los atentados en Colombia, son muy dolorosas cuentas que los ciudadanos de ambos países estamos pagando al interés de ambos gobernantes de generar apariencia de  gobiernos “amigos”, así para la mayoría de colombianos sea muy difícil conceder la calidad de amigos a quienes cohonestan con el terrorismo y sus crímenes. La cuenta de cobro se ha hecho mucho más onerosa con la ratificación por el Gobierno de Maduro de su respaldo a los diálogos de La Habana, donde pareciera estar prohibido reclamar respeto por los Derechos Humanos y el DIH.