Columnistas

Más allá del simbolismo
Autor: José E. Mosquera
23 de Mayo de 2013


Hace poco me leí el libro Esclavitud, Abolición y Racismo de José Ángel Carreras, un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

Hace poco me leí el libro Esclavitud, Abolición y Racismo de José Ángel Carreras, un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Uno de los aspectos de este libro que más me llamó la atención es en análisis que hace Carreras sobre los debates políticos se dieron en la década de los años 30 del siglo XX a cerca de las leyes contra el racismo y la discriminación en Cuba.


Debates que duraron un decenio y finalmente en la Constitución Política cubana de 1940, se declaró ilegal y punible toda discriminación por motivos de sexo, raza, color o clase y otras manifestaciones contra de la dignidad humana. Además, se consagraron una serie de las sanciones para los infractores y de paso se prohibieron las prácticas discriminatorias en la distribución de oportunidades de trabajos en la industria y en el comercio, una especie de reglamentación de lo que actualmente llamamos ley de cuotas en Colombia.


Este caso cubano sirve para ilustrar como en un país como Colombia donde nos ufanamos de ir a la vanguardia de los cambios mundiales, sólo 71 años después que una nación como Cuba legisló contra el racismo y la discriminación de la población negra, los colombianos apenas hace dos años aprobamos una norma que penaliza esas prácticas.


Indudablemente que con el triunfo de la revolución hubo un cambio en la sociedad cubana. Sin embargo, este caso sirve para demostrar cómo este país que fue uno de los últimos en abolir la esclavitud en América fue a la vez uno de los primeros en abordar este tipo de legislación contra el racismo y la discriminación de la población negra.


Por consiguiente, lo que pone en evidencia fue que existieron en aquella época en la sociedad cubana, sectores políticos y sociales progresistas que luchaban por sociedad incluyente y que para ellos la población negra era parte integral del tejido social del país.


Soy de los que creen que el racismo y la discriminación no se combaten con leyes, sino con educación. Porque algunas normas en lugar de integrar a determinados grupos sociales lo que hace es fomentar más segregación y un racismo a la inversa. 


Por eso no soy partidario de cierto tipo de leyes relacionadas con los temas étnicos, porque más allá de los simbolismos y de las buenas intenciones que se expresan en ellas, lo que se requiere es voluntad política del Estado para desarrollar políticas de desarrollo integral en beneficio todos los segmentos de una sociedad independiente de sus connotaciones étnicas, religiosas o de otra índole. 


La Ley antidiscriminación que se aprobó en el 2011, se ha convertido en letra muerta, ni los jueces ni los fiscales saben cómo aplicarla y el proyecto de Ley de Oportunidades que anunció hace dos años, el Presidente Juan Manuel Santos, similar a la que impulsó el ex vicepresidente Francisco Santos, terminó lánguidamente archivado en el Congreso. 


Amabas iniciativa lo que contenían eran catálogos de buenas intenciones, similares a los que se han anunciado desde hace dos décadas. Para nombrar un ministro negro, para otorgarles créditos a individuos afros, becas a estudiantes afros o construir una obra en un pueblo habitado por negros no se requiere de leyes, sino voluntad política. Sin voluntad política pueden existir miles de leyes y la situación económica, política y social de los negros seguirá siendo difícil en una sociedad clasista y excluyente como la colombiana. 


Porque en la conciencia de la mayoría de la población mestiza, sobre todo en las de las elites que gobiernan y controlan el poder este país, siguen los rezagos de la herencia colonial donde a los negros y los indios se les miran como seres inferiores e incapaces y por eso no encontramos, ni negros, ni indios en altas dignidades del Estado y el sector privado.