Editorial

Osadía constitucional
19 de Mayo de 2013


De un plumazo y sin mediar discusión con el país, la Corte determinó, pues, ampliar conceptos que los promotores, y también los contradictores, de la norma discutieron durante casi cuatro años.

 


A través de una declaración entregada el viernes a los medios de comunicación, el magistrado Jorge Iván Palacio, presidente de la Corte Constitucional, notificó la decisión de ese Tribunal de modificar la Ley 1448 de junio de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, para incluir entre sus beneficiarios a las víctimas de las bandas criminales.


Según lo publicado en distintos medios nacionales de comunicación, el magistrado Palacio justificó el cambio que la Corte introdujo en la Ley, aduciendo que “las víctimas del desplazamiento forzado son todas las personas afectadas por acciones constitutivas de infracción a los Derechos Humanos y/o el Derecho Internacional Humanitario, como pueden ser las que actualmente perpetran las denominadas bandas criminales”. De un plumazo y sin mediar discusión con el país, la Corte determinó, pues, ampliar conceptos que los promotores, y también los contradictores de la norma, discutieron durante casi cuatro años. ¿Lo hizo en sala plena, lo hizo por unanimidad, cuál fue la mayoría que así lo determinó?, son preguntas sin resolver ante la opinión pública.


La Ley en comento fue un proyecto del Partido Liberal, presentado en el año 2007 y archivado en ese mismo año, debido a desacuerdos insalvables con el Gobierno Nacional acerca de conceptos fundamentales como la población a beneficiar con la protección especial y los actores causantes de la victimización. En 2010, la norma fue puesta otra vez a consideración del Congreso, que, con apoyo del Gobierno Nacional, le dio un amplio debate, convocando a distintos sectores de opinión del país e incluso a voceros internacionales de la ONU y reconocidas ONG de Derechos Humanos, como Human Rights Watch, y gobiernos como el estadounidense. Durante el año y medio de trámite legislativo hubo, pues, suficiente discusión sobre los alcances y límites que finalmente quedaron plasmados en una norma que dejó contentos a casi todos los implicados en ella.


Fruto de aquellos debates que duraron hasta mayo de 2011, cuando la ley fue aprobada por el Senado, se tomaron determinaciones que transformaron conceptos substanciales sobre el conflicto, pero lo hicieron de cara a la opinión pública y considerando las razones contrarias a la idea dominante. La ley fundamenta sus consideraciones y garantías en el reconocimiento de un conflicto armado, posición que entonces implicó que el país renunciara a reconocerse como víctima de la amenaza de organizaciones terroristas de extrema izquierda y extrema derecha, para generar un escenario que cambiaba el lugar de los agresores. También, y en ese mismo orden, la norma avaló los derechos de las víctimas de los agentes del Estado, en hecho que motivó juiciosas críticas por parte de quienes hemos considerado que no es factible equiparar a las Fuerzas Armadas con las organizaciones terroristas. Además, y después de escuchar a quienes pedían que la ley incluyera también a las víctimas de las Bacrim, el Congreso determinó proteger a las víctimas del conflicto armado. El límite, amplio por cierto, estaba claro.


En contraste a la amplitud de ese debate, la Corte Constitucional parece haber decidido suplantar al poder legislativo y, sin tener mandato constitucional o legitimidad democrática, decidió modificar materias decididas según el leal saber y entender de los partidos representados en el Congreso, que son los que componen el panorama político nacional, una vez cumplido un trámite que si bien no es garantía absoluta para generar normas convenientes y ajustadas a las realidades de un Estado como el colombiano, sí es el camino establecido por nuestro Estado de Derecho, mismo que se debe tomar cuando sea necesario hacer modificaciones.  No es, pues, legítimo ni conveniente que un grupo de magistrados, por doctos que sean, se tomen estas atribuciones, actuando sin considerar las distintas voces de la sociedad. Con razón, con sus decisiones, lo que se ve en muchas oportunidades es la creación de cargas imposibles de cumplir por el Estado y la generación de nuevas razones de frustración para la sociedad.


Con la sentencia de despenalización del uso de drogas, comentábamos ayer, la Corte Constitucional legisló como solo puede hacerlo: de manera parcial y descontextualizada, generando una serie de consecuencias que el país tuvo que asumir sin haberse preparado. Esta nueva determinación extemporánea y exagerada que ahora toma en materia de protección de las víctimas, anuncia más tormentas que calma sin que se aparezca quien le ponga cascabel al gato.