Columnistas

El Concejo admirable
Autor: Luis Fernando Múnera López
13 de Mayo de 2013


No es frecuente que al Concejo Municipal se le aplique el adjetivo calificativo admirable. Pero cuando sus actuaciones lo ameritan, es justicia hacerlo así.


No es frecuente que al Concejo Municipal se le aplique el adjetivo calificativo admirable. Pero cuando sus actuaciones lo ameritan, es justicia hacerlo así.


El 13 de julio de 1927 la Junta Directiva de las Empresas Públicas Municipales de Medellín envió al Concejo Municipal una carta que decía: “Dígase al Honorable Concejo que la Junta de las Empresas Públicas Municipales ha estudiado ampliamente el problema de nueva provisión de energía eléctrica (…) y ha llegado a la conclusión de que, dado su alto costo, debe posponerse por algún tiempo el aprovechamiento de la caída del Guadalupe (…); luego de amplias consideraciones (…) [ha llegado] a la conclusión de que es más conveniente para los intereses municipales el aprovechamiento de la caída del Aurra y así tiene el honor de proponérselo al Honorable Concejo”.


En ese entonces, la capacidad de generación eléctrica de Medellín era de 2.000 kilovatios. Resultaba insuficiente, el desarrollo de la ciudad estaba estancado y los estudios mostraban que se requería ampliar la potencia aproximadamente en 10.000 kilovatios. Para ello, disponía de tres alternativas: El río Guadalupe, que permitiría instalar 9.000 kilovatios con ampliación a otros 30.000; el río Aurra, que daría 6.400 kilovatios, y el río Porce (en Popalito), con 5.000 kilovatios, éstos dos sin posibilidad de ampliación. El Porce era el más costoso de todos. Entre los otros dos, el Aurra requería menor inversión total, pero era insuficiente para la ciudad. El Guadalupe, en cambio, si bien exigía una inversión un poco mayor, tenía el menor costo por kilovatio instalado y permitía satisfacer de sobra las necesidades.


El Cabildo deliberó largamente en varias sesiones secretas, analizando la propuesta de la Junta Directiva y todos los estudios que sustentaban las diferentes alternativas, y finalmente, el 9 de septiembre de 1927, tomó la decisión en favor del proyecto Guadalupe. Así lo comunicó a las Empresas: “Dígase a la Honorable Junta de Empresas Públicas Municipales que proceda cuanto antes a instalar en la caída del Guadalupe la nueva planta de aprovisionamiento de energía eléctrica”.


Al Concejo Municipal de 1927 le cabe el calificativo de admirable.


No le cabe esta calificación a un cuerpo colegiado que recibe para su estudio la propuesta de fusión de UNE con TIGO, que implica alto impacto sobre el bienestar y el patrimonio de la comunidad, y hace el trabajo al revés: Parte de la decisión para proceder al análisis y por lo tanto, se dedica a legitimar realidades no comprobadas para justificar una posición. Promueve y permite un amplio debate sobre el asunto, pero se niega a analizar a fondo las objeciones que recibe contra el proyecto y no evalúa juiciosamente otras soluciones alternativas.


La profunda división de posiciones que hubo en el Concejo durante el debate y el pequeño margen por el cual se tomó la decisión dejan el sabor de que primaron los compromisos de las bancadas con la administración de la ciudad y de sus empresas. Fue sintomático que se dejasen presionar con el tiempo, en lugar de permitir un análisis sereno. También se percibieron intereses personales de algunos ediles.


La aprobación de la fusión de Tigo con UNE deja hondas preocupaciones: Ni el esquema de la nueva sociedad ni el socio elegido generan confianza; la modificación del proyecto de acuerdo que hicieron las comisiones empeora la posición de EPM como socio de la nueva empresa.


Merece reconocimiento ciudadano un grupo de funcionarios y ex funcionarios de EPM y de UNE, en particular el ingeniero Francisco Luis Valderrama Aguilar, que se atrevieron a mostrar los errores del esquema aprobado y a defender una propuesta alternativa que satisfacía los objetivos propuestos con menores riesgos para Medellín.


Desde esta columna apoyamos la conformación de una veeduría ciudadana que vigile la implantación de la decisión que se ha tomado.