Columnistas

Mi aporte es creer a Santrich
Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
12 de Mayo de 2013


“Los tribunales colombianos no tienen el decoro y la competencia, porque este ha sido un Estado criminal.


“Los tribunales colombianos no tienen el decoro y la competencia, porque este ha sido un Estado criminal. Tiene que haber una política de Estado para resolver el problema de la guerra”  (www.semana.com 30.04.2013). Esta categórica declaración la hizo Seusis Pausivas Hernández, alias Jesús Santrich. El mismo personaje declaró en www.lafm.com.co, en el mes de diciembre, cuando se le preguntó si las Farc tenían secuestrados: “No hay que complicarse con eso”.


Seusis Pausivas Hernandez, para que nos entendamos, es miembro del Estado Mayor de las Farc, organismo determinador de todos los crímenes de lesa humanidad y de guerra; personalmente “tiene tres órdenes de captura con su nombre. En las condenas, emitidas por los juzgados de Villavicencio, Popayán, Pasto, Neiva, Florencia y Bogotá, se le sentenció por delitos como secuestro, rebelión, reclutamiento de menores, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y narcotráfico”. (www.radiosantafe.com 06.09.2012).


Yo le creo a alias Jesús Santrich cuando hace las afirmaciones arriba mencionadas. Es que no puede olvidarse que se está negociando con una organización  marxista leninista, Las Farc, que busca derribar el sistema colombiano que es una democracia pluralista y con división de poderes, entre otras características, para imponer su propio sistema socialista, que consiste en la dictadura de esa organización a nombre de obreros y campesinos, que controla férreamente todos los mecanismos del poder, incluyendo el de la justicia, que no es más que una herramienta del régimen para encarcelar, desterrar, desaparecer o fusilar a quienes se oponen a sus directrices. En su concepción, esa es la verdadera justicia, la justicia revolucionaria, porque sirve para imponer la dictadura de clase sobre el enemigo burgués, terrateniente, o simplemente opositor.


Y si alguien tiene esa concepción, mal podría aceptar la competencia de los tribunales nacionales, a pesar de que el Estado haga las concesiones que quiera a los subversivos, como ha hecho el gobierno de Santos, con la ley del marco jurídico y la interpretación que hace el señor fiscal sobre la impunidad. No la acepta porque la considera ilegítima, está por encima de ella; pero además porque aquellas acciones que esta justicia (y la justicia internacional) consideran delitos, como el secuestro y el genocidio, para un hombre como Santrich, con la ideología que tiene, no solamente no son tales, sino actos justos contra el enemigo de clase. 


Para él no hay secuestros sino retenciones para cobrar el impuesto revolucionario; o presos políticos o prisioneros de guerra, en caso de que estas personas tengan algún valor para presionar al Estado burgués; y aplicación a la justicia revolucionaria sobre “explotadores” para justificar, por ejemplo, los miles de ganaderos asesinados y los miles de liberales o conservadores, que como en el tiempo de la UP, fueron masacrados en un número mucho mayor por las Farc. La UP, en efecto, puso miles de muertos, cuyos responsables fueron agentes del Estado, de los nacientes grupos paramilitares, pero también de las propias Farc, como está documentado por libros escritos por antiguos militantes. Este desangre comenzó, precisamente, cuando las Farc determinaron que en nombre de su justa causa, la toma del poder, debían practicar todas las formas de lucha, como ahora.


Y, por supuesto, aceptar la justicia del estado democrático implicaría que, contrario a lo que Santrich (y su organización) se consideran: víctimas, tendrían que admitir que son victimarios. Algo para ellos inimaginable. En su concepción “altruista”, si acaso reconocen bajas o heridos civiles, las llaman “efectos colaterales de la guerra”, es decir, gente inocente que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.


Y esto han sostenido abiertamente las Farc ahora que están negociando la participación política. Para ellos amnistía e indulto tienen un fin pragmático, pero definitivamente, lo que quieren es inimputabilidad, es decir, que no se les pueda siquiera sindicar de haber cometido un delito. ¿De verdad piensan Santos, sus negociadores y personajes como el señor Fiscal, que las Farc están dispuestas a reconocer y reparar a sus víctimas, o de pasar siquiera por el trámite de un proceso judicial, así sea para declararlos libres y con el derecho de participar en política? Pues yo no, porque ello significaría para ellos que el Estado los está perdonando, cuando piensan que no hay nada que perdonar, sino al contrario, que el Estado debe hacerlo porque es criminal. Y eso que están perdiendo la guerra. Yo  tomo en serio las declaraciones de las Farc. Mi contribución es creerle a alias Santrich. Con gente que piensa así sólo cabe el sometimiento a la justicia, en el marco de la justicia transicional.