Editorial

Momento de decisi髇
2 de Mayo de 2013


De nuestros concejales, la ciudad espera que honren a quienes los precedieron en la dignidad que hoy ostentan y que atiendan sus deberes constitucionales.

 


Tras dos meses de discusiones en las que los cabildantes conocieron distintos argumentos sobre el proyecto de acuerdo que autorizaría a EPM a fusionar UNE con la marca sueca Tigo, y ante la inminente subasta de la tecnología 4G, los miembros de las comisiones Primera y Tercera del Concejo de Medellín deben decidir hoy el futuro de la iniciativa que define el presente de UNE y, por ende, del patrimonio de nuestras Empresas Públicas y del propio Municipio.


El período de análisis del modelo jurídico propuesto, del socio posible y conveniente, y de las razones económicas y técnicas para un acuerdo, ha permitido conocer criterios técnicos y políticos sobre el proceso de fusión. Aquí se han manifestado expertos, economistas, técnicos, sindicatos, grupos de interés y partidos políticos, y así como ha habido suficientes voces que han aportado argumentos sólidos de toda índole, tampoco han faltado quienes atemoricen a los concejales por la importancia de la decisión a su cargo.


Ante el temor de algunos cabildantes a escoger una opción, se ventilan iniciativas como aplazar la votación para escuchar voces que, francamente, no podrían aportar nuevos argumentos, o la de archivar el proyecto. Cualquiera de esas opciones sería impropia para un Concejo que en 1997 tuvo la valentía de transformar la estructura jurídica de EPM, creando una exitosa empresa de carácter público, y que en 2005, tomó el afortunado riesgo de escindir UNE y EPM, entregando a la segunda una barrera de seguridad que la protege, al menos medianamente, de los riesgos del mercado de telecomunicaciones, dominado por jugadores capaces de hacer enormes inversiones y esperar amplios lapsos para obtener retorno.


A diferencia de la valentía que históricamente ha tenido el Concejo de Medellín, su homólogo de Cali ha sido tímido para orientar el futuro de sus empresas públicas y hacer el control necesario sobre administradores y sindicatos, de manera que se garantice la sostenibilidad de Emcali. A la forma como actuaron los concejos hay que atribuir, principalmente, que EPM y UNE sean hoy compañías fortalecidas y en pleno crecimiento, mientras Emcali es incapaz de ser prestadora eficiente de servicios públicos, competidora respetable en sus negocios, fuente de progreso para la capital vallecaucana y fundamento de equidad para el departamento. De nuestros concejales, la ciudad espera que honren a quienes los precedieron en la dignidad que hoy ostentan y que atiendan sus deberes constitucionales de “reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Municipio”, tomando decisiones acordes con el riesgo que la Administración asumió al presentar la iniciativa, no omitiendo sus deberes como representantes de la ciudadanía en la corporación administrativa.


Además, pues, de la suficiente ilustración para decidir, existe una razón exógena a EPM, el Gobierno Municipal y el propio Concejo, que exige actuar con prontitud. Por decisión del Ministerio TIC, hasta el próximo jueves 9 de mayo hay plazo para que las compañías interesadas en la subasta de la tecnología 4G anuncien su interés de participar en la subasta prevista para el 26 de junio. La participación tiene un costo de aproximadamente US$220 millones, que permitirían pujar para acceder a las frecuencias a subastar. Si no se ha definido su futuro, para UNE será muy difícil arriesgar tal cantidad de recursos públicos en un escenario incierto. Si se negara la fusión, como esperamos no ocurra, la empresa tendría que dejar de participar, perdiendo otro campo de acción en este negocio.


Si el Concejo de Medellín responsablemente aprueba la fusión, UNE y Tigo, dos compañías hoy medianas pero con gran potencial de desarrollo en el mercado de telecomunicaciones, podrían competir con fuerza para obtener espacios en todo el espectro electromagnético y así, ganar posibilidades de ofrecer servicios convergentes para clientes que siguen aumentando su exigencia en calidad y precio. Esta razón sería suficiente para permitir el avance del proyecto hacia su segundo debate, del que confiamos saldrá aprobado, pero existen otras muchas relacionadas con la seguridad del patrimonio público y las garantías a la ciudadanía en acceso a tecnologías y contenidos, para invitar a la aprobación del proyecto; de ellas esperamos ocuparnos en próximas ediciones.