Columnistas

A la guandoca
Autor: Lázaro Tobón Vallejo
2 de Mayo de 2013


La Corte Constitucional ha definido la política criminal como: “el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frentes a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social


La Corte Constitucional ha definido la política criminal como: “el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frentes a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales y del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción.”


Al ser una responsabilidad del Estado (integrado por las tres ramas del poder público), la política criminal puede ser diseñada e implementada por el Ejecutivo, pero gran parte de ella reglada por el Legislador y asumida por la Rama Judicial para la aplicación de la normatividad cuando se transgrede la norma.


En Colombia en las últimas décadas ha hecho carrera que toda conducta contraria a la normatividad debe ser llevada a lo penal, aún en casos que son meramente civiles, los demandantes buscan “penalizar” el comportamiento, congestionando los despachos tanto de los juzgados como de la Fiscalía.


También los honorables padres de la Patria, que en su real saber y entender, creen que todo comportamiento que se salga del orden establecido debe estar acompañado de una sanción en la guandoca. Comportamientos que perfectamente pueden ser prevenidos a través de la educación ciudadana. Por lo tanto las cárceles están, como dicen los muchachos, “tetiadas” de gente que espera se le defina la situación y por los condenados, creando un hacinamiento, que no es nuevo, sino que es la consecuencia a las decisiones históricas de un mal diseño de política criminal.


La sociedad estuvo en un mayor peligro, gracias a las tutelas interpuestas en las que se buscaba cerrar la admisión de nuevos reclusos en diferentes cárceles del país debido al hacinamiento que allí se vive, porque los organismos encargados de ejecutar la orden de captura, manifestaron que no la podían hacer cumplir porque no había espacio en los centros penitenciarios, procedimientos que fácilmente se podían alargar hasta dos semanas.


Como la culpa es de la vaca, son nuestros legisladores, quienes a través de la historia han contribuido con el hacinamiento carcelario al considerar que algunas conductas antijurídicas deben estar acompañadas por la imposición del traje de rayas, y no son capaces de ver más allá de una realidad que requiere del diseño de políticas mancomunadas preventivas  entre los poderes públicos del estado y la ciudadanía.