Editorial

El fuero militar y la ONU
29 de Abril de 2013


En Colombia, y está demostrado con hechos, no ha existido ni existe política de Estado distinta que la vigente en la Constitución, que es ejemplar en el respeto a los derechos humanos.

 


La sesión en que Colombia se sometió por segunda vez al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha dejado el reconocimiento a los importantes avances del Estado colombiano en la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, también una serie de recomendaciones para que el país consiga evitar la impunidad en estos crímenes y erradicar prácticas ignominiosas como el maltrato a las mujeres o las irregularidades que afectan los derechos de los presos. Aunque el examen es un trago amargo para todos los estados del mundo, que comparecen cada cuatro años a presentarlo ante los demás miembros de la ONU, también ofrece oportunidad a los gobiernos responsables, como el colombiano, para que analicen y corrijan sus actuaciones en esta materia.


Aunque está sometido a la amenaza de las guerrillas de las Farc y el Eln, que sustentan su poder en el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de menores y las minas antipersonal, y a los ataques de las bacrim y sus tentáculos, las bandas y combos urbanos, el Estado colombiano pudo demostrar una vez más que existe un compromiso institucional con los derechos humanos, que se puede constatar en resultados importantes en materia de control a desviaciones internas por algunos miembros de las Fuerzas Militares y la Policía; en la seriedad con que se ha asumido el proceso de reparación de víctimas, y en los intentos por consolidar la justicia transicional y luchar contra la impunidad. Además, al cierre de las sesiones, el Gobierno ratificó su compromiso con una política permanente de protección a los derechos humanos y de fomento al Derecho Internacional Humanitario.


Sin embargo, el que pudo ser un balance satisfactorio del examen, resultó ensombrecido por la comisionada para los Derechos Humanos, doctora Navanethem Pillay, quien en declaraciones a los medios de comunicación reclamó la caída del Acto Legislativo 02 del 27 de diciembre de 2012, que restituyó el fuero penal militar, estableciendo claras limitaciones a los delitos propios del servicio, lo que implica la exclusión de las violaciones a los derechos humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario.


La institución del fuero penal militar existe como necesidad y garantía para los militares que están sometidos a condiciones especiales en su misión y a ser blanco de sus enemigos en el campo de batalla y en los escenarios políticos y judiciales donde pueden atacarlos.  En ese sentido, y como afirma la Pontificia Universidad Javeriana, “nada más justo que en el momento de incurrir en una conducta punible, estos (los militares) tengan la garantía de ser investigados y juzgados por sus pares, quienes poseen un conocimiento profundo de los derechos y obligaciones que conlleva la vida militar”. Lo que ha consagrado Colombia no es otra cosa, pues, que una institución propia de los países con democracias fuertes.


La postura de la señora Pillay parece fiel copia de las alegaciones hechas por el congresista de la Marcha Patriótica, Iván Cepeda, quien, como es apenas obvio, encabeza bien orquestadas campañas de desprestigio de las Fuerzas Armadas con las que obtienen el doble beneficio de reducir su capacidad ofensiva contra el narcoterrorismo y de ocultar a los verdaderos terroristas en Colombia, que no son otros que las Farc. Con los extremistas filan, por otro lado, muchas ONG, algunas de buena voluntad, que han cometido el error de confundir algunas fallas individuales en el servicio con una política institucional de violación a los derechos humanos y de tergiversar el contenido de la ley para emitir declaraciones calumniosas contra las instituciones judiciales y los organismos militares. En Colombia, y está demostrado con hechos, no ha existido ni existe política de Estado distinta que la vigente en la Constitución, que es ejemplar en el respeto a los derechos humanos.


Compartimos la declaración del vicepresidente Angelino Garzón, en el sentido de que las palabras de la comisionada contra el fuero penal militar “están formuladas de manera tal que transgreden nuestra dignidad y desconocen abiertamente los avances logrados” por el Estado colombiano en protección a los derechos humanos, atención a las víctimas y garantía universal a los derechos humanos.