Editorial

La soledad de Venezuela
28 de Abril de 2013


Estos preocupantes hechos, repetimos, se suceden en medio del silencio, que llega a ser cómplice, de los organismos internacionales defensores de la democracia, la libre expresión y las libertades públicas, como la ONU y la OEA.

 


Asumiendo la única respuesta que cabía ante la arrogancia del todopoderoso chavismo, el candidato presidencial de la Mesa de Unidad Democrática, Henrique Capriles, anunció el jueves que impugnará las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, pues ha logrado recoger múltiples evidencias de sus irregularidades. La acción será interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia, organismo que también está en manos del partido gobernante, y es necesaria antes de acudir a organismos  como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


La Mesa de Unidad Democrática anunció la acción judicial después de que la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, reconocida activista del chavismo, declarara que la prometida auditoría a las elecciones del pasado 14 de abril se realizará sin cotejar los comprobantes depositados por los electores con los resultados de las mesas, decisión que desatiende las solicitudes presentadas por la oposición venezolana y apoyadas por organismos como la OEA y Unasur, y gobiernos como los de Estados Unidos, Colombia y Brasil. Esta acción busca engañar a la ingenua comunidad internacional y ratificar la ilegal elección y posesión de Maduro en la Presidencia de Venezuela.


El proceso de escrutinio en el 46 % de las mesas no permitirá demostrar lo que sí se lograría ver si se cotejaran los sufragios depositados en las urnas, que son los comprobantes del voto electrónico, con los registrados en el conteo. La oposición reconoce haber documentado casi tres mil quinientas quejas de irregularidades como las de personas saludables que fueron asistidas en sus votos, personas que votaron dos veces o muertos que depositaron su voto, son estos hechos los que la Mesa de Unidad Democrática y voceros de la comunidad internacional buscan que se aclaren. 


A sus medias verdades sobre el conteo y verificación de los votos, el Gobierno de Nicolás Maduro ha sumado una cadena de agresiones directas contra los medios de comunicación independientes y la oposición, que no ha encontrado freno en organismos internacionales defensores de la democracia y las libertades públicas. La filial venezolana del latinoamericano Instituto de Prensa y Sociedad, que acaba de divulgar su primer informe sobre el estado de la libre expresión en Venezuela, señaló cómo tras las elecciones presidenciales “diferentes instituciones del Estado y organizaciones independientes han emitido amenazas de acciones legales y han iniciado averiguaciones contra los medios de comunicación por la difusión de algunos contenidos político-partidistas”. Según la institución, en diez días de abril se presentaron 48 agresiones contra la prensa, que afectaron a 78 personas, quince medios privados, tres medios públicos y comunitarios, dos ONGs y tres instituciones del Estado.


La documentada denuncia expresa situaciones evidentes hasta para la comunidad internacional, como los insultos y amenazas de encarcelamiento al candidato Capriles; las presiones a los gobiernos; el cierre del programa de televisión de quien se dice es la novia del candidato, y el uso de epítetos contra el candidato y los miembros de la Mesa de Unidad Democrática, hechos que muestran cómo los alumnos de los dinosaurios cubanos abusan del poder estatal para configurar una nueva dictadura comunista en el continente, y para ello, el viaje de Maduro a visitar a sus tutores no puede ser más diciente. También está por aclararse si la detención del documentalista estadounidense Timothy Tracy, ocurrida el pasado miércoles cuando se alistaba para salir de Venezuela, es parte de la manipulación orquestada por el Gobierno.


Estos preocupantes hechos, repetimos, se suceden en medio del silencio, que llega a ser cómplice, de los organismos internacionales defensores de la democracia, la libre expresión y las libertades públicas, como la ONU y la OEA, cuyos directivos no han pasado de proferir declaraciones generalistas sobre la importancia del conteo de los votos o sobre la necesidad de mantener la estabilidad del país. Dejar sola a la oposición frente a un régimen que controla todos los órganos del Estado, amenaza a la prensa y persigue a los voceros independientes, es permitir que se vaya configurando en el hermano país una dictadura al estilo castrista. ¿Quieren los pueblos de América repetir ese mal experimento?