Editorial

Con sed
7 de Abril de 2013


El país sigue buscando un modelo para la gestión del agua potable, pues el de delegación a los municipios, monitoreados desde la distancia por órganos centrales, resultó tan ineficiente como el modelo centralista.

 


En tiempos de la información, los últimos datos detallados sobre el estado de cobertura de agua potable en Colombia, datan del año 2010. Fueron publicados por la Superintendencia de Servicios Públicos, no por el Dane o Planeación Nacional, organismos que si los tienen se han cuidado de evitar el acceso a sus estudios.  Otros datos son de 2011 y están bajo tutela del Ministerio de Salud, que hace revisiones anuales al cumplimiento de las metas del milenio en el país. Según estas, en el 2015, el 96  % de la población colombiana habitante en cabeceras urbanas debería acceder a métodos adecuados de abastecimiento de agua potable. Al final de 2011, la cobertura alcanzaba el 90 % de la población, según datos del Ministerio de Salud, que no precisa si en su contabilidad incluye los sistemas de baja calidad.


Durante las dos últimas semanas, el país ha vuelto su mirada a Yopal, Casanare, la ciudad y el departamento que durante casi tres décadas han recibido miles de millones de pesos en regalías que hoy no representan bienestar y desarrollo para sus gentes. La explosión de una crisis originada en 2011, cuando la temporada invernal dañó el sistema de agua potable, hizo mirar a otra capital colombiana que se quedaba sin agua por errores atribuibles a sus administradores.


Durante estos días, el Senado fue enterado de que la Contraloría General de la República informó de dos hallazgos fiscales y un control de advertencia realizados en los años 2006, 2010 y 2013, porque no se han ejecutado tres diferentes contratos de construcción del acueducto municipal de Yopal y sus plantas de de tratamiento; en estas situaciones están comprometidos casi 35.000 millones de pesos de la capital que en 2012 recibió recursos de regalías por $24.828 millones, o menos de lo que en siete años ha dilapidado sin lograr construir su acueducto.


Por otra parte, el Ministerio de Vivienda confirmó que ha asignado más de $35.000 millones para que Yopal reconstruya el acueducto dañado en el invierno pasado, sin que se haya dado el primer paso para la obra, que es la realización de diseños para las plantas de tratamiento y el sistema general. Como es preciso esperar más de dos años para restituir plenamente el servicio, se intenta adecuar las plantas desarenadoras, a fin de que atiendan la emergencia. Las plantas se construyen en un lote vetado por Ingeominas.


El panorama se repite una y otra vez. En octubre de 2011, fue Manizales, afectada por un derrumbe que mostró las ineficiencias de su empresa local de acueducto. Cada año Quibdó, se ve afectada por sequías o inundaciones. Y cada día son ciudades como Riohacha o Buenaventura, donde tener acueducto no significa gozar de agua potable.


Como en las situaciones referidas, mientras existe la emergencia por la gestión del agua potable, los medios de comunicación, el Gobierno Nacional, los entes de control y hasta la dirigencia política concurren para buscar responsables de las ineficiencias y tratar de identificar soluciones rápidas que calmen la urgencia de las poblaciones. Mientras, el país sigue buscando un modelo para su gestión, pues el de delegación a los municipios, monitoreados desde la distancia por órganos centrales que ni siquiera alcanzan a mantener información actualizada sobre el estado del servicio, resultó tan ineficiente como el modelo centralista que dejaba todo en manos del Gobierno Nacional 


Durante la última década, se han ensayado el Plan Departamental de Aguas y su sustituto, Aguas para la Prosperidad, mecanismos con fuerte tutela del Gobierno Central que no han merecido credibilidad por los alcaldes, que los ven costosos y poco eficientes. Y en situaciones como la de Yopal se llega a proponer “importar”, como lo hizo Quibdó, una empresa de servicios públicos sólida que libere al municipio de una carga que lo superó, y a la sociedad de seguir temiendo el despilfarro y abuso con los recursos públicos. El Congreso, el Gobierno y las sociedades afectadas deben entender que las crisis que se suceden evidencian los errores del modelo y concebir uno que realice plenamente el artículo 113 de la Constitución Nacional sobre coordinación entre entidades públicas, si su esperanza es la de que Colombia, uno de los países con mayor acceso a agua dulce, no sea inferior al mundo en el cumplimiento de las metas del milenio.