Columnistas

Tutela el camino de la equidad
5 de Abril de 2013


Una noticia que sin duda agitará el sector de los servicios públicos domiciliarios, por tener un innegable sentido social, es la publicación de la sentencia T-793 de 2012


Carlos Alberto Atehortua Rios.


Una noticia que sin duda agitará el sector de los servicios públicos domiciliarios, por tener un innegable sentido social, es la publicación de la sentencia T-793 de 2012,   en la cual se ratifica la  doctrina que ha venido construyendo  la Corte Constitucional, en el sentido de consolidar medidas de protección de los derechos fundamentales de  personas en condiciones especialmente vulnerables,  por lo tanto con protección Constitucional especial.


Le ha correspondido a la Corte Constitucional ocupar el papel del legislador y reconocer a través de diferentes sentencias de tutela  derechos a los usuarios,  que no les han reconocido en forma explícita o directa las leyes y mucho menos la regulación y los Decretos, pero que emanan del sentido social y democrático de la Constitución de 1991; por eso,  se impone que en la docencia en Derecho de los servicios públicos, se cite más la Jurisprudencia de la Corte que la Legislación como fuente principal de derecho,  pues,  precisamente los asuntos relevantes en esta materia han correspondido a decisiones de la Corte Constitucional y no del Congreso, como en principio era de esperarse. 


Las novedades de la sentencia no son pocas, y no obstante tratarse de una providencia corta, contiene al menos cinco aspectos que se deben resaltar: (i) se tutela el  derecho a acceder  a servicios públicos, a  personas que se encuentran en posible invasión de  un  predio que es de propiedad estatal y que tiene una destinación que no es compatible con el uso para la vivienda; (ii) se tutela a un grupo de personas, hecho que en otros momentos conduciría a pensar que la demanda no prosperaría porque lo procedente era instaurar una acción colectiva, como es la acción popular y no la de Tutela,  (iii) se hace obligatoria la comunicación adecuada, en otros términos la “notificación” al usuario,  del hecho de que encuentra  en causal de suspensión o corte del servicio, en consecuencia se le otorga oportunidad para ejercer su derecho de defensa; (iv) el servicio tutelado es el de energía, sobre el cual no existían  precedentes consolidados como si lo es el caso del  agua potable y el saneamiento básico, y  (v) se tutela el servicio no obstante que los usuarios se habían reconectado al mismo en forma irregular.


Esta sentencia de la Corte Constitucional, toma mayor importancia en el contexto actual en el que se consolida el carácter vinculante para todas las autoridades administrativas y judiciales del precedente judicial, hecho que se ratifica claramente a partir de las sentencias C-634 y C-816 de 2011 y que se ha reiterado en las sentencias de Tutela  T- 597, T-830 y T- 970 todas del 2012, en las que se examina a fondo el carácter vinculante del precedente judicial, aún en los casos de sentencias de  la Corte Constitucional en que actúa como juez de Tutela. 


Lo que en realidad se ratifica en esta línea jurisprudencial  es que los servicios públicos domiciliarios no son simples mercancías,  cuya prestación esté librada al desarrollo de la economía de mercado, sino todo lo contrario, se trata del suministro de bienes o facilidades que están directamente asociadas la calidad de vida de las personas y a la satisfacción de necesidades esenciales, que constituyen verdaderos derechos fundamentales, cuya prestación debe estar garantizada por el Estado.


Una nueva providencia de la Corte Constitucional,  ingresa a hacer parte de una   larga lista de sentencias emblemáticas en el sector de los servicios públicos, esta lo es, por el sentido humano de su contenido material y por reivindicar a fondo la vigencia de la teoría del servicio público, tal como la Corte ya nos tiene acostumbrados.