Editorial

Monseñor Isaías Duarte y la impunidad
1 de Abril de 2013


Colombia le adeuda, ya que no pudo protegerlo en vida, la garantía de un proceso que aclare el magnicidio y haga justicia para la víctima y su grey.

 


El pasado 16 de marzo se conmemoró el decimoprimer aniversario del magnicidio cometido en la persona de monseñor Isaías Duarte Cancino, para la fecha arzobispo de Cali y guía acatado de la Iglesia Católica colombiana. Antes de asumir en la capital del Valle del Cauca, monseñor Duarte Cancino se había ganado un lugar destacado en la opinión pública por la valentía y transparencia con que defendió a Urabá, y lo mismo hizo con el Valle y sus gentes amenazadas por el terrorismo narcoguerrillero y narcoparamilitar.


Pero paradójicamente, un día antes de este aniversario, el país fue sorprendido con la decisión del Tribunal Superior de Cali sobre el recurso interpuesto por el abogado Jorge Danilo Guarín Obando, apoderado de los sentenciados, contra la decisión del juez Segundo Penal de Descongestión de Cali que el 22 de septiembre de 2011 había condenado a Rodrigo Londoño Echeverri, a. Timochenko; Noel Mata Mata, a. Efraín Guzmán; Jorge Torres Victoria, a. Pablo Catatumbo y Luciano Marín Arango, a. Iván Márquez, como determinadores del magnicidio. La condena ocurrió nueve años y medio después del crimen; la absolución, un año y medio después de esa sentencia. 


Tras conocer el fallo, la Arquidiócesis de Cali, en cabeza de monseñor Darío Monsalve, ha anunciado que se unirá a la familia del jerarca para constituirse en parte civil en el proceso penal, disposición que confiamos sea acompañada por la Conferencia Episcopal Colombiana, pues ello representa la única posibilidad, débil por cierto, de que se logre esclarecer uno de los crímenes más infames de nuestra historia reciente.


El recurso que se interponga deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia que estaría en ceros para decidir sobre un crimen ocurrido once años atrás y en el que dos de los testigos fueron asesinados en extrañas circunstancias, según información de los medios de comunicación del Valle del Cauca. En manos del Alto Tribunal quedan testimonios, pruebas, coherencias y contradicciones de un proceso que comienza a ser develado con la publicidad del fallo aprobado por dos de tres magistrados del Tribunal Superior de Cali que acogieron los alegatos del defensor de la cúpula de las Farc sobre incoherencias en la investigación y en los testimonios. 


Para el análisis de la opinión pública queda la historia de un proceso abierto el propio 16 de marzo con el levantamiento del cuerpo del prelado inmolado y que permaneció bajo tutela de la Fiscalía General de la Nación hasta mayo de 2011, o sea nueve años, cuando quedaron ejecutoriadas las medidas de llamamiento a juicio a los miembros mencionados de la cúpula de las Farc, a los que, con excepción de alias Iván Márquez, había vinculado a la investigación en noviembre de 2002. No obstante la importancia del caso, solo en mayo de 2006 se profirió medida de aseguramiento contra los investigados y los alias Tirofijo, Raúl Reyes y Alfonso Cano, quedaron fuera del caso tras sus muertes. Solo en septiembre de 2011 se realizó la audiencia pública que condenó a los supérstites de la jefatura de las Farc a 300 meses de prisión, el pago de mil millones de pesos a las víctimas y una inhabilidad de 20 años, actuación ahora anulada.


La dolorosa impunidad en el crimen de monseñor Duarte Cancino no empezó con la decisión del Tribunal Superior de Cali, que está sometida a la refrendación o no del tribunal de casación, sino con la lentitud en las actuaciones de los responsables de una investigación en las que las decisiones de fondo estuvieron espaciadas entre noviembre de 2002, diciembre de 2005, mayo de 2006, abril de 2009 y mayo de 2011. Los datos claves de este proceso, uno de los más importantes a cargo de la Fiscalía, confirman que la morosidad en las investigaciones del ente acusador se ha convertido en fuente de denegación de justicia, garantía de impunidad para los criminales y fuente de desazón para la sociedad, algo muy distinto a lo prometido por la Constitución del 91 cuando creó el máximo ente acusador. 


Al “pastor consagrado que amó tanto la vida de su grey que por defenderla fue capaz de ofrendar la propia”, Colombia le adeuda, ya que no pudo protegerlo en vida, la garantía de un proceso que aclare el magnicidio y haga justicia para la víctima y su familia, integrada por todos los católicos y, en definitiva, por todos los ciudadanos de bien.