Editorial

Retos y acciones en seguridad
27 de Marzo de 2013


Un reto tan importante como garantizar la perdurabilidad de las acciones de choque es que las autoridades, las universidades y los medios de comunicación reconozcamos objetivos de mediano y largo plazo para la acción en seguridad pública.

 


Con las autoridades de Medellín y sus habitantes más afectados por las bandas criminales que tienen como primer objetivo de su malevaje a sus vecinos y extienden sus tentáculos a toda la ciudad, agradecemos el esfuerzo que el  general Roberto León Riaño y su cúpula realizaron durante una semana de operaciones intensas para coadyuvar a nuestras autoridades en el empeño por derrotar la criminalidad en la que se unen el narcotráfico, el paramilitarismo mal desmovilizado y el narcoterrorismo de las Farc y el Eln. 


En principio, la intervención deja resultados qué celebrar en capturas de delincuentes, recuperación de bienes y reducción del poder criminal de las bandas. Los guarismos del éxito, que incluyen la detención de 419 delincuentes, cinco cabecillas y un jefe narco, dan confianza a una ciudad que no se resigna a ser testigo del crimen como tampoco admite ser señalada como exacerbación de la regla general de la inseguridad asociada a las mafias del narcotráfico, la minería ilegal y la microextorsión que hoy imperan en Colombia y los países de Mesoamérica. 


Con el general León Riaño, estamos atentos a que el 60 % de reducción de la criminalidad registrado durante su presencia en la ciudad sea tendencia registrable con el correr del tiempo, no solo un dato más que sumar a la lluvia de guarismos que medios de comunicación  y ciudadanos registramos como máquinas de contar sin capacidad de análisis.


La que hoy se ve como eficiente intervención policial en el control a jefes y seguidores de combos y bandas criminales debe consolidarse con la intervención de la Fiscalía General, por lo que damos la bienvenida a la anunciada visita del doctor Luis Eduardo Montealegre, y de las autoridades penitenciarias, pues las consecuencias lógicas de las capturas deben ser procesos que hagan justicia a las víctimas y garanticen sanciones acordes con los delitos cometidos. El cuidado en las detenciones y la voluntad de los fiscales deben ayudar a bajar también los índices de impunidad.


 Otro gran reto es la adecuación de las cárceles. Por ahora, la respuesta del Ministerio de Justicia reclamando de los municipios la construcción de cárceles -como si esto fuera posible en poco tiempo y sin planeación- es insuficiente y desestimulante. A la ministra Ruth Stella Correa le queda el anuncio del general León Riaño: “nosotros continuaremos persiguiendo el delito y a los delincuentes. Si los capturamos y no nos los reciben, nos los llevamos a otros centros carcelarios de la ciudad o del país, pero nosotros no nos vamos a cruzar de brazos”.  A los colombianos nos queda la expectativa por acciones que garanticen su reclusión en condiciones que más que castigar, permitan la resocialización futura de quienes han delinquido. 


Un reto tan importante como garantizar la perdurabilidad de las acciones de choque es que las autoridades, las universidades y los medios de comunicación reconozcamos objetivos de mediano y largo plazo para la acción en seguridad pública y a partir de ellos definamos indicadores que permitan evaluar el impacto de la acción pública e identificar tendencias que puedan guiar las intervenciones del Estado y convocar a las alertas de la ciudadanía, los académicos y los periodistas.  En esta búsqueda existen avances como los alcanzados por Londres y Santiago de Chile, que trabajan modelos de medición de la inseguridad, los delitos y la percepción ciudadana sobre la eficacia policial o los de la ONG Police Forum Research Institute, con sede en Washington, que evalúa sistemáticamente el trabajo de las policías municipales en Estados Unidos. 


Universidades, autoridades y ONG coinciden en la importancia de tomar el pulso a la seguridad con mediciones que comparen como mínimo un año de seguimiento a los indicadores.  En Estados Unidos, por ejemplo, trabajan con datos de 24 meses continuos en los que comparan cifras nacionales, para poder hablar de tendencias. Identificar los objetivos de las políticas de seguridad y criminal, sus indicadores y cómo construirlos y reconocer los períodos de tiempo mínimos para que se pueda hablar de tendencias es tarea pendiente en nuestro país y una necesidad para que el debate trascienda la anécdota o el escándalo y pueda desarrollarse con argumentos sólidamente basados en estadísticas confiables.