Columnistas

Tiene razón el Procurador
Autor: Carlos Alberto Gomez Fajardo
27 de Marzo de 2013


Le ha dado la razón el Consejo de Estado a la postura de la Procuraduría en un tema clave: las noticias anuncian la definitiva nulidad del decreto 4444-2006, mediante el cual el ejecutivo pretendió regular la debatida sentencia C 355-2006


Le ha dado la razón el Consejo de Estado a la postura de la Procuraduría en un tema clave: las noticias anuncian la definitiva nulidad del decreto 4444-2006, mediante el cual el ejecutivo pretendió regular la debatida sentencia C 355-2006, la de la despenalización del aborto bajo tres supuestos. Previamente, en el año 2009, ya se había suspendido provisionalmente aquella arbitraria norma que impuso el ministerio de la protección social, siguiendo de modo dócil los imperativos eugenésicos que derivaron, en el año 2006, de la ideologizada sentencia de la Corte Constitucional de entonces. Vale la pena anotar que aquel decreto fue solamente una entre las normas de una rápida cascada que correspondió a una elaboradísima secuencia de normas prefijadas y de un libreto sospechosamente impuesto de modo externo a las propias autoridades. Tristemente, como lo hemos señalado con anterioridad, el ministerio se ha comportado como un fiel servidor de los intereses ideológico políticos de los impulsores de la normatividad abortista. Prueba de ello son una larga serie de reglamentaciones, que en medio de una maraña de contenidos,  indican su sumisión al caballo de batalla de la “ideología de género”: el aborto es un “derecho humano”, según su hermenéutica de la “reinterpretación” de los derechos humanos, fiel a las conferencias del Cairo y Pekín.  Para quien quiera indagar un poco  acerca de la realidad de ése elenco de normas que hablan de una opereta con un hilo conductor, basta con analizar las resoluciones 4905-2006, 905-2006 y 1973-2008; como cúspide de ésa montaña de la escena prefijada –el ministerio al servicio de unos intereses políticos e ideológicos específicos- viene finalmente la reciente  resolución 459-2012, relacionada con implementación de protocolos sobre violencia sexual.    


Aunque bajo esto subyacen laberínticas implicaciones jurídicas, filosóficas y políticas, cabe resaltar el sentido final de reafirmación de una de las principales tesis con las cuales se ha comprometido a fondo la gestión de la Procuraduría en los últimos años: el sentido del derecho tiene relación con el respeto debido a todos los asociados; es absurdo que se promulguen normas que vulneran  los principios de la igualdad y los principios constitucionales más fundamentales en un estado de derecho.


La pretensión de imponer el aborto como la prestación de un “servicio sanitario” niega la esencia del derecho, e igualmente, la de la medicina. Aquella negación ha sido propia de los estados totalitarios en los que se suprime brutalmente el compromiso de la igualdad entre los miembros de la sociedad.  Por la hipotética primacía de los intereses de quienes cobijados por la ley imponen su voluntad  -y aseguran además la satisfacción de sus intereses inmediatos, principalmente electorales- se desarticula todo el sentido del derecho. Con razón Schooyans ha  afirmado que con las normas del aborto no solamente se mata a un inocente, también se mata la conciencia de quien lo ejecuta, se convierte al médico en el último eslabón de una cadena homicida y se aniquila en la sociedad su propia conciencia, su discernimiento racional de lo que está bien y lo que está mal, pues bajo un derecho convertido en farsa, se obliga a muchos a creer que lo que la norma positiva dicta es lo bueno. Desde esta columna va un reconocimiento a una labor sólida, incomprendida, contra corriente, pero inspirada en el amor a la realidad: la tarea de la Procuraduría en su promoción del respeto al derecho a la vida de todos los seres humanos, sin discriminación.