Columnistas

Al cuarto del olvido
Autor: Jorge Arango Mej韆
24 de Marzo de 2013


En 閜ocas pret閞itas, en alg鷑 pueblo del Antiguo Caldas, hab韆 un cuarto en el 鷏timo rinc髇 del caser髇 donde funcionaba el hospital municipal.

 


En épocas pretéritas, en algún pueblo del Antiguo Caldas, había un cuarto en el último rincón del caserón donde funcionaba el hospital municipal.  En él recluían a los enfermos de caridad, cuando eran desahuciados. Allí no les quedaba sino esperar el descanso de los muertos. Era la manera, elemental y cruel, de quitarse de encima un problema y liberar camas para otros  pacientes. Cierta o mentirosa, esta leyenda existió por mucho tiempo.


Por el contrario, no tengo la menor duda de que en el Estado colombiano sí hay un cuarto del olvido. En él están amontonados diversos problemas, que un día fueron noticia y con el paso de los días se fueron olvidando, desaparecieron de la lista de las preocupaciones diarias de la gente, y no importa ya si algún día se solucionen o si, simplemente, mueran, desaparezcan de la memoria colectiva,  a tal punto que finalmente uno se pregunte si fueron realidad o sólo imaginación. Lamentablemente, no es corto el inventario de lo que hay en este cuarto del olvido.


En 1891, la reina María Cristina de España definió, por medio de un laudo, la frontera entre Venezuela y Colombia. Ese fallo conservó para Colombia la península de la Guajira, pero (posiblemente porque en esos tiempos no se le daba mucha importancia al Derecho del mar) guardó silencio sobre las aguas del Golfo de Venezuela. Había que entender que si la costa occidental de éste correspondía a Colombia, ésta tenía unos derechos sobre el mar adyacente. Sin embargo, en Venezuela, a finales del Siglo XX, se fue formando una teoría insólita e inaceptable: la de la costa seca. Según ésta, si algún colombiano pretendía bañarse en la costa oriental de la Guajira, no podía hacerlo porque todas las aguas del Golfo eran exclusivamente de Venezuela.


Hubo diferentes intentos de solucionar este asunto, y en el gobierno de Turbay se llegó a un proyecto de acuerdo conocido en su momento como la Hipótesis de Caraballeda. Lamentablemente, el presidente venezolano Herrera Campins, antes de darle trámite al tratado, sometió el proyecto a la consideración de los altos mandos de las Fuerzas Armadas de ese país. Los generales dijeron no, “porque no”, y allí terminó todo.


Posteriormente, en 1987, siendo presidente Virgilio Barco, un patrullaje que hacía la corbeta ARC Caldas en aguas de la costa oriental de la Guajira,  y que no era inusual sino acostumbrado, produjo un incidente con unidades de la armada venezolana, que puso a los dos países al borde de la guerra. Y allí se acabó todo: el tema pasó al cuarto del olvido.


Quedaba solamente una posibilidad: someter el diferendo a la decisión de la Corte Internacional de la Haya. Sin embargo, al retirarse Colombia de la jurisdicción de ésta, al parecer se ha cerrado este camino.


Lamentablemente, también la sentencia sobre el mar del archipiélago de San Andrés va camino al cuarto del olvido. El gobierno adoptó en este caso una política indefinible: no rechazó el fallo y no anunció que lo cumpliría. Se limitó a anunciar la interposición de recursos, sin decir cuáles ni basado en qué. Después, integró una comisión de abogados, entre ellos algunos colombianos sin la menor experiencia en Derecho Internacional Público. A sabiendas de que hay algunos expertos de reconocida versación en estos temas, entre ellos Enrique Gaviria Liévano, no los llamó para nada. Es lamentable que a este colombiano ilustre se le haya hecho a un lado, posiblemente por su independencia y su autoridad jurídica.


Ahora ha habido otro  escándalo, en relación con la publicación de las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores sobre este pleito. Si este asunto está destinado a ingresar a la lista de las frustraciones nacionales, los colombianos tenemos derecho a saber todo lo que tenga que ver con él. ¿A quién se quiere proteger? Resulta inaceptable que el ex presidente Pastrana se oponga a la publicación de esas actas: el vulgo ha dicho que quien nada debe, nada teme.  Y eso es sabio.


No puede repetirse el vergonzoso episodio de la pérdida de Panamá, por la cual nunca fueron juzgados ni condenados Marroquín y Caro, los grandes responsables. Ahora, si ya apareció el pecado, que se sepa quién lo cometió.