Columnistas

Quibdó: una ciudad a la deriva
Autor: José E. Mosquera
15 de Marzo de 2013


Quibdó es una ciudad caótica en cuanto a movilidad por el lamentable estado de sus calles y sus deficiencias en materia de organización del tránsito, igualmente diezmada por la pobreza, la carencia de servicios públicos


Quibdó es una ciudad caótica en cuanto a movilidad por el lamentable estado de sus calles y  sus deficiencias en materia de organización del tránsito, igualmente diezmada por la pobreza, la carencia de servicios públicos, de fuentes de empleo y con una desbordada inseguridad que es extremadamente alta para una ciudad de aproximadamente 200 mil habitantes.


Tiene una de las tasas más altas de desempleo en el país, y se ha convertido en un   peligroso escenario de homicidios, amenazas, atracos y cobros de vacunas. Sus niveles de inseguridad han crecido en los últimos tres años de manera alarmante hasta el punto que se ha transformado en una ciudad dominada por la delincuencia y el crimen organizado.


El miedo ronda a los habitantes que se sienten desprotegidos, aterrorizados y a merced de los grupos violentos. Es impresionante el desgobierno en asuntos de seguridad y movilidad urbana. Da la impresión que la ciudad estuviera gobernada por una dirigencia ciega, sorda y muda como la canción de Shakira, como si entre las autoridades existiera una especie de “pacto de silencio”.


Lo más preocupante de la ola de inseguridad y el crecimiento de la accidentalidad  es que ni la gobernación, ni la alcaldía hacen ni dicen nada sobre cómo combatir estos fenómenos. Las Secretarías de Gobierno y de Tránsito son dos monumentos a la inoperancia, transformadas en atestados nidos de burócratas perfumados que vegetan en medio de los ríos de sangre que tiñen las calles. 


La percepción es que se vive en  una ciudad a la deriva, sin autoridad y sin controles, porque la ciudad ha sido tomada por un descontrolado ‘rapimotismo’ que se ha salido de madre. Además, segmentada por grupos de milicianos de la guerrilla y de las bandas de paramilitares con nexos con el narcotráfico, que se la han  parcelado la ciudad hasta el punto que, en un barrio que queda a sólo cinco cuadras del despacho de la alcaldesa Zulia Mena García y en donde viven varios concejales, la delincuencia restringe la movilidad, extorsiona y ordena el cierre del comercio a ciertas horas de la noche.


Hace dos años un ‘rapimotero’, al parecer pagado por un político de marras, atropelló  y mató  al padre Efraín Gaitán Orjuela, un sacerdote que dedicó 42 de sus 83 años de vida al servicio de la causa de los más pobres en el Chocó. Su muerte quedó en la impunidad y siguen ocurriendo muertes por atropellos de motociclistas y las autoridades no toman medidas de tránsito eficaces para disminuir los índices de mortalidad de motociclistas y peatones. 


El caso de la muerte del padre Gaitán y las danzas de muertes similares que ocurrieron antes y después de su crimen han quedado en la completa impunidad. Algo similar está ocurriendo con las rachas de homicidios. Ninguna autoridad investiga ni dice nada y lo más censurable es que ni autoridades municipales, ni la Procuraduría, ni la Defensoría del Pueblo y menos la Policía y la Fiscalía han hecho un pronunciamiento serio en defensa de la vida. 


La alcaldesa Mena recibió una administración en bancarrota y una ciudad sumergida en un caos administrativo y un profundo desgobierno en materia de orden  público y movilidad y, desde luego, está haciendo esfuerzos para enderezar el rumbo, pero le hace falta mano dura y pulso firme para afrontar la delicada situación de orden público, porque la ciudad cabalga hacia el precipicio.