Política

The bills of the Controller
Las cuentas de la contralora
Autor: José Ignacio Mejía / Nacho
13 de Marzo de 2013


Ante más de tres mil personas la jefe fiscal de Antioquia, Luz Helena Arango, hizo ayer el recuento de su vigilancia a los recursos públicos.


Foto: Angela Patricia Zapata 

La contralora de Antioquia con los firmantes del Pacto por la Transparencia.


En las 859 auditorías realizadas en el 2012 por la Contraloría General de Antioquia a la gestión en el 2011 de 437 sujetos de control, se detectaron 9.727 hallazgos fiscales que ascienden a 80.000 millones de pesos.


Un hallazgo fiscal es un presunto detrimento patrimonial de un funcionario. Es un faltante de dinero público que el encartado debe explicar ante un contralor auxiliar de responsabilidad fiscal, quien adelantará un juicio para fallar en contra o a favor del servidor.


Esas cifras se revelaron ayer por la Contraloría seccional durante el acto en el cual la titular de ese despacho, Luz Helena Arango Cardona, rindió cuentas de su gestión en el primer año de trabajo correspondiente al 2012.


Pero no se trató de un simple o frío arqueo de labores, sino de un impresionante acto público con la presencia de más de tres mil personas de toda Antioquia, que abarrotaron el salón central de Plaza Mayor, donde también se firmó un pacto por la transparencia de lo público contra la corrupción.


El impacto de ese control fiscal se midió por los beneficios logrados y se concretaron con el reintegro y recuperación de siete mil novecientos millones de pesos.


Igualmente la Contraloría de Antioquia aseguró que lograron que mil cuatrocientos millones de pesos ingresaran a las finanzas de los sujetos de control por resarcimiento en procesos de responsabilidad fiscal.


A través de las denominadas auditorías exprés se encontraron el año pasado en el Idea inversiones no procedentes y deficientes en la contratación por cuatro mil doscientos millones de pesos.


En Indeportes los hallazgos fiscales ascendieron a los seis mil novecientos millones de pesos por contratos pagados, no ejecutados e incumplidos.


Por la no ejecución de obras e incumplimiento de convenios los hallazgos en Viva fueron del orden de los 24.700 millones de pesos.


Debido a las deficiencias encontradas en el manejo de los licores y al robo continuado, los hallazgos en la FLA llegaron a los cuatro mil millones de pesos.


Y en el caso de los municipios vigilados por la Contraloría de Antioquia, el proceso auditor detectó hallazgos por siete mil cien millones por sobrecostos y diferencias en cantidad de obra en Yondó.


Mediante controles de advertencia se reactivaron dos proyectos de vivienda en Tapartó, Andes; se concilió un litigio entre el Municipio de Rionegro y una empresa aseguradora por la construcción de la urbanización Casaloma; también que municipios que adeudaban la sobretasa ambiental efectuaran pagos por 355 millones y celebraran acuerdos de pagos; se logró la apropiación de recursos para continuar la seguda etapa del Hospital César Uribe, en Caucasia y la emisión de actos administrativos para ponerle orden a la entrega de degustaciones y al almacenamiento y bodegaje en la FLA.


La contralora también destacó el fortalecimiento del control social por medio del programa contralores estudiantiles, la figura del auditor universitario y el fomento de la participación ciudadana con eventos de capacitación y conversatorios sobre contratación estatal, control social y procedimiento administrativo sancionatorio, a los cuales asistieron 8.301 ciudadanos.


Y en el 2012 se implementaron los juicios verbales en los procesos de responsabilidad fiscal, logrando eficiencia y eficacia en la protección de los recursos públicos, al disminuir el tiempo en los trámites.




Alianza contra los corruptos


La Contraloría de Antioquia se comprometió ayer a ejercer un control fiscal y ambiental oportuno sobre todos los entes regionales que administran recursos públicos.


Entre tanto, la Gobernación se comprometió a mantener y profundizar su trabajo en el programa Antioquia Legal.


Estas obligaciones las asumieron con la firma del Pacto por la Transparencia.


Con esta alianza el sector de la infraestructura se responsabilizó a realizar  una contratación transparente con recursos públicos y privados, y a su adecuada optimización.


A su turno, el estamento académico quedó obligado a formar ciudadanos integrales con criterios de excelencia.


Los empresarios adquirieron el deber de actuar con corresponsabilidad con los recursos públicos, para construir una sociedad con equidad y justicia.


El sector salud a minimizar los posibles riesgos administrativos y a prevenir posibles malos manejos de los recursos públicos y privados que maneja.


Y el deporte asumió el compromiso de cumplir el derecho que tienen las personas de acceder a una formación física, a la práctica del deporte y la recreación, y al aprovechamiento del tiempo libre.