Editorial

La Corte y el procurador
11 de Marzo de 2013


Se trata de poner límites al inmenso poder nominador del procurador y de paso amargarle el despegue de su flamante segundo período para el que se posesionó hace escasos dos meses.

 


La Corte Constitucional volvió a pisar los terrenos del procurador General de la Nación, como ya lo había hecho a mediados de septiembre de 2012, cuando lo conminó a rectificar en un plazo perentorio de 48 horas su posición sobre el aborto, por considerar que contrariaba la jurisprudencia sobre la materia. En esta ocasión, el motivo del nuevo “choque de trenes” entre las dos instituciones es mucho más prosaico. Se trata de poner límites al inmenso poder nominador del procurador y de paso amargarle el despegue de su flamante segundo período para el que se posesionó hace escasos dos meses, y la Corte lo hace en sendas sentencias.  


Antes de decir por qué compartimos en lo fundamental los nuevos fallos del tribunal constitucional, no dejamos de reconocer, como ya lo hemos hecho antes, que la gestión del Dr. Ordóñez ha sido importante y pese a las pasiones que despierta su radicalidad en algunos temas controversiales, no se merecía el “matoneo mediático”, como él mismo denominó la agria campaña en su contra para descalificar su legítima aspiración a reelegirse. Hemos compartido también su verticalidad en el tema de la paz y tomamos atenta nota de lo que prometió el 15 de enero pasado, al tomar posesión ante el presidente de la República: “Estaré muy vigilante de los acuerdos en La Habana; como todos los colombianos anhelo la paz y tenemos esperanzas en este proceso, pero a la paz no se puede llegar a cualquier precio, no se puede amenazar nuestra institucionalidad”. 


El primer fallo adverso a la muy amplia facultad nominadora del procurador es del 28 de febrero pasado, cuando la Corte declaró inconstitucional el Artículo 182 del Decreto-ley 262 de 2000. La norma permitía al jefe del Ministerio Público el libre nombramiento y remoción de los procuradores judiciales. Estos son cerca de 700 funcionarios, entre cuyas funciones está la de representar al Ministerio Público en procesos civiles, penales, penales militares, contencioso administrativos y de familia, como también en procesos de pérdida de investidura de alcaldes, diputados y concejales. La Corte ordena abrir concurso de méritos, de conformidad con el Artículo 125 de la Carta, porque así se garantiza el acceso a la función pública en condiciones de igualdad y transparencia. Fija un plazo no mayor de seis meses para convocarlo, en tanto que los nombrados por el Dr. Ordóñez se mantienen como provisionales y su permanencia en los cargos depende de sus resultados en las pruebas. El mecanismo anterior genera muchas suspicacias. El portal La Silla Vacía divulgó recientemente una lista de familiares y amigos de congresistas, excongresistas y magistrados de las altas cortes, que habrían sido nombrados como procuradores judiciales, justo en plena campaña por la reelección. Lo equitativo, justo y democrático es que a esos cargos se llegue por demostrada capacidad y preparación y no por amiguismo y politiquería. 


El otro fallo es del pasado 6 de marzo y en él la Sala Plena de la CC determina que no es al Ministerio Público sino a los concejos municipales a los que les compete dirigir los concursos de méritos, de los cuales salen los candidatos a desempeñar las casi 1.200 plazas de personeros del país. Aquí la norma cuestionada es el Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 y el argumento de fondo de la Corte es que “el concurso de méritos es compatible con una noción amplia de democracia, que no solo valora el voto y las decisiones discrecionales de quienes son elegidos a través de este mecanismo sino también la intervención directa de la ciudadanía en la conformación del poder y en la gestión y control de la actividad estatal”. Para la Corte, el papel del Concejo no puede limitarse a escoger personero de la lista de candidatos que le presente la Procuraduría, sino que también debe dirigir el concurso, con apoyo de otras entidades del Estado. ¡Bienvenida esa nueva reivindicación constitucional de la vapuleada autonomía municipal!