Columnistas

Ciudades: el conflicto se transforma (y 3)
Autor: Alejandro Garcia Gomez
6 de Marzo de 2013


“Para las grandes estructuras criminales, los niños son una ‘mano de obra barata’ con un valor agregado: la funcionalidad o versatilidad, porque desarrollan con eficiencia todas las tareas que les encomiendan


“Para las grandes estructuras criminales, los niños son una ‘mano de obra barata’ con un valor agregado: la funcionalidad o versatilidad, porque desarrollan con eficiencia todas las tareas que les encomiendan, son reemplazables y pueden evadir el control de las autoridades y de la justicia” (EL MUNDO, 18.I.13). Esta es una de las transformaciones del actual conflicto: la utilización de menores por las bandas de neonarcoparamilitares -bautizadas en el anterior gobierno como Bacrim- por la fácil manipulación que permiten las fisuras del Código del Menor (Ley 1098/06, presidente Uribe Vélez, Mininterior y Justicia Carlos Holguín). Según la periodista Pareja, Fernando Quijano, director de la organización no gubernamental Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), “asegura que en Medellín hay 350 bandas que integran unos 12.000 hombres, entre ellos 4.800 menores de edad, es decir el 40%”. Pero “la Policía Metropolitana sólo reconoce 114 bandas -5.000 hombres- pero no discrimina cuántos podrían ser menores de edad” (ibíd). El mismo Quijano también dice que “las bandas criminales buscan jóvenes con Sisbén”, para evadir las responsabilidades de salud a partir del riesgo de la guerra.


El uso de menores y niños en la guerra aumenta cada día, asegura la investigadora social Natalia Springer: Bogotá con 304 % y Medellín con 229 %. En total en el país existen “por lo menos 18.000 menores de edad utilizados como combatientes por los grupos armados ilegales en el país” (Ibíd.). Ella usa la palabra “ilegales” porque, al parecer, suma los de la guerrilla y los de los neonarcoparamilitares o Bacrim. 


Solamente dar más facilidades para la educación no llega a ser una solución completa sino que debe formar parte de una estrategia a corto, mediano y largo plazo, como lo plantearé más adelante. Después de las alcaldías de Sergio Fajardo y Alonso Salazar, Medellín creció en cuanto a instituciones educativas oficiales en los barrios. Pero, ¿qué sucedió? Que las llamadas “fronteras invisibles” por un lado (territorios de muerte para quien ose traspasarlos), el accionar de los grupos ilegales por otro, la impunidad y la corrupción más allá, han hecho imposible que el proceso educativo se desarrolle en forma normal tanto para menores como para docentes. Ambos han sido víctimas de amenazas de muerte que se cumplen si se desatienden. Cuando los padres de familia consiguen los medios económicos para el transporte diario, empiezan a buscar –con meses de atraso académico- cupos en instituciones educativas fuera del peligroso perímetro de su residencia, preferiblemente en el centro de la ciudad o en zonas más seguras, en donde van a fracasar académicamente por el atraso, pero salvan su integridad y su vida. Muchas veces la familia debe desplazarse de barrio dentro de la misma ciudad o hacia otra en el mismo distrito o en otra región o hacia una población pequeña porque los menores que, apoyados por sus familias, se han negado a formar parte de las bandas juveniles o combos son señalados para el castigo de muerte o destierro a toda su familia por quienes gobiernan la zona (allí están varios de los bautizados como “estudiantes fantasma” por la ministra de educación, María Fernanda Campo, que al parecer no ha entendido o no ha querido entender este problema). 


Esto viene sucediendo cada vez en mayor proporción, desde cuando se transformó o degeneró el conflicto y sigue sucediendo con mayor fuerza ahora: “En varios barrios de Belencito Corazón, en la Comuna 13, está rodando un listado con los nombres de más de cien familias que tiene dos opciones ‘se largan o se mueren’”, (Deici J. Pareja, EL MUNDO, 19.I.13).